Buscan crear un registro provincial para víctimas de estafas virtuales y robo de identidad en Buenos Aires

En respuesta al crecimiento alarmante de los delitos informáticos y la falta de mecanismos eficaces para prevenirlos y acompañar a las víctimas, la legisladora bonaerense Belén Malaisi (Bloque UCR + Cambio Federal) impulsa un proyecto que busca dar un paso decisivo en la lucha contra el robo de identidad y las estafas virtuales. La propuesta, que ya fue presentada formalmente, prevé la creación del Registro Provincial de Víctimas de Robo y Sustracción de Identidad y de Estafas Virtuales (REPVIEV), bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Según explicó Malaisi, el registro se limitará a los casos en los que exista una denuncia formal y una Investigación Penal Preparatoria en curso, evitando así el uso indiscriminado de la herramienta. Entre las principales funciones del REPVIEV estará la de ofrecer a las personas afectadas un canal de inscripción específico, al mismo tiempo que se dispondrá de una línea 0800 y una página web para facilitar el proceso de denuncia.

El proyecto establece, además, una serie de obligaciones tanto para el Estado como para las empresas proveedoras de servicios de telefonía, internet y televisión. Entre ellas, se incluye la obligación de exhibir de manera visible, en facturas y locales de atención al público, la información oficial del REPVIEV (teléfono y página web), además de ofrecer canales formales para la inscripción de denuncias.

Otra medida clave que propone la iniciativa es la limitación en los métodos de pago para la compra de chips y recargas de saldo, que deberán realizarse únicamente a través de transferencias bancarias o con tarjetas de débito y crédito. La intención es restringir la venta anónima y sin registro de chips prepagos, una de las principales herramientas utilizadas para la comisión de delitos digitales.

Prevención, control y sanciones
En caso de incumplimiento por parte de las empresas proveedoras, la autoridad de aplicación podrá aplicar sanciones que van desde 10 a 100 sueldos iniciales del personal de la administración pública provincial. El Ministerio de Justicia, además, deberá remitir la información del REPVIEV al Ministerio Público Fiscal cuando así se lo requiera para avanzar en causas judiciales.

Para la diputada Malaisi, es urgente avanzar en mecanismos de prevención que acompañen los beneficios de la digitalización y de los trámites virtuales. "El avance tecnológico facilitó muchos aspectos de la vida cotidiana, pero también abrió la puerta a nuevas modalidades delictivas. El Estado debe establecer estándares de confianza y seguridad que estén a la altura del desafío", argumentó en los fundamentos del proyecto.

Malaisi denunció la falta de controles en la habilitación de líneas móviles, una práctica que, en su opinión, permite que cualquier persona pueda comprar y activar chips en kioscos o comercios sin necesidad de identificarse. "Hoy en día se puede habilitar una línea de celular a nombre de otro con extrema facilidad. Estas líneas apócrifas pueden mantenerse activas durante años sin que el titular real sea advertido, hasta que el delito ya fue cometido y se convierte en objeto de una investigación judicial", advirtió.

La legisladora radical subrayó que esta situación vulnera derechos personalísimos garantizados constitucionalmente y expone tanto a consumidores como a ciudadanos a situaciones de enorme gravedad, como amenazas, extorsiones o suplantaciones de identidad. El proyecto, en ese sentido, también apunta a generar un compromiso más firme del sector privado en la prevención del delito digital.

Un debate pendiente
La iniciativa de Malaisi se suma a otros proyectos y reclamos  en pos de una actualización legislativa acorde al crecimiento de los ciberdelitos. Si bien muchas de las competencias regulatorias en materia de telecomunicaciones corresponden al ámbito nacional, la diputada considera que desde las provincias es posible impulsar herramientas que ayuden a contener y proteger a las víctimas, al tiempo que se exigen controles básicos a los actores que operan en este mercado.

"La seguridad de los usuarios y usuarias no puede seguir dependiendo únicamente de su precaución individual. El Estado tiene que intervenir", sostuvo Malaisi, quien además destacó el valor del REPVIEV como instrumento para generar estadísticas oficiales, detectar patrones y diseñar políticas públicas más efectivas frente a la creciente amenaza del delito digital.