Llaryora anunció un aumento del 84% en las jubilaciones mínimas y un bono bimestral en Córdoba

En un mensaje difundido en las redes sociales oficiales del gobierno de Córdoba, el mandatario Martín Llaryora, anunció un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000, y confirmó el pago de un bono bimestral de $100.000 para quienes perciben haberes de hasta $1.300.000.

La decisión se da en un contexto de fuerte tensión entre la provincia y el Gobierno nacional por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, conflicto que escaló en los últimos años tras la interrupción de las transferencias por parte de Nación. Además, se produce mientras los gobernadores del interior expresan su apoyo a la reciente aprobación en el Congreso de la ley de aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

“Córdoba ha recibido parcialmente los fondos que le adeuda la Nación, tras el fallo favorable de la Corte Suprema”, expresó Llaryora en su mensaje. “Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan”.

El gobernador remarcó que la medida alcanza a quienes se encuentran en los tramos más bajos del régimen previsional provincial, e indicó que el bono se sostendrá en tanto continúe el ingreso de fondos nacionales. “Vamos a otorgar un bono bimestral de $100.000 para todos aquellos jubilados que tengan ingresos de hasta $1.300.000. Esta decisión se mantendrá mientras sigamos recibiendo estos fondos”, explicó.

Llaryora agradeció a “los diputados, senadores, instituciones y a todos los cordobeses que acompañaron este reclamo justo”, y subrayó: “Nunca vamos a dejar de defender los intereses de Córdoba cada vez que sean vulnerados. Este logro demuestra que cuando trabajamos con unidad y firmeza, obtenemos resultados”.

Una disputa de larga data
El conflicto entre Córdoba y Nación por el sostenimiento de la Caja de Jubilaciones se arrastra desde 1996, cuando la provincia decidió no transferir su sistema previsional al Estado nacional. Desde entonces, Córdoba afronta con recursos propios el pago de jubilaciones, aunque la ley nacional 27.260 obliga a la Nación a compensar el déficit de las cajas no transferidas.

Hasta mediados de 2023, el envío de esos fondos se realizaba con relativa normalidad, aunque Córdoba ya señalaba diferencias en los montos transferidos. A partir de julio de ese año, durante los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández, las remesas comenzaron a retrasarse, y fueron suspendidas por completo tras la asunción del presidente Javier Milei, quien argumentó la necesidad de auditar los ejercicios anteriores antes de continuar con las transferencias.

Frente a la falta de respuestas, Llaryora acudió a la Corte Suprema de Justicia, donde se logró una instancia de conciliación. Allí, el Gobierno nacional reconoció la existencia de una deuda con la Caja de Jubilaciones y ofreció un anticipo de $60.000 millones, a pagar en 12 cuotas mensuales de $5.000 millones. Córdoba aceptó ese acuerdo como una solución parcial, pero continúa reclamando el pago del monto total, que supera el billón de pesos acumulado desde 2019.

Para definir la cifra definitiva de la deuda, Nación y Provincia acordaron realizar una auditoría técnica conjunta sobre los ejercicios 2019 a 2024. El resultado de esa revisión será clave para determinar si Nación deberá seguir transfiriendo fondos y en qué proporción.

Con esta medida, Llaryora busca afianzar su perfil de gestión en defensa del federalismo fiscal y de los derechos previsionales, en un escenario nacional de alta conflictividad entre los gobernadores y la administración central.