La operación se llevará adelante a través de un esquema mixto que incluirá una licitación pública nacional e internacional para seleccionar a un operador estratégico, junto con una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Adorni aseguró que el proceso estará regulado por la Comisión Nacional de Valores y se ajustará “a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la transparencia de la transferencia”. El 10% restante de las acciones permanecerá en manos de los empleados, en el marco del programa de propiedad participada que continúa vigente.
Los motivos de la privatización
Adorni fundamentó la decisión del Ejecutivo en los elevados costos fiscales y el deterioro de la infraestructura durante la gestión estatal. “Desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes permanentes del Tesoro nacional que totalizaron u$s13.400 millones hasta 2023”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que se verificó un “fuerte deterioro” en la infraestructura y los costos operativos de la compañía. “La dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad de los usuarios alcanzó el 16%, cuando supo ser del 4% promedio”, explicó.
Además, apuntó contra la utilización de AySA como herramienta de campaña electoral: “Este Gobierno se encontró que se gastaron más de u$s4.800 millones solo en la última gestión. Con todo ese presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña, hubo u$s200 millones destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva”.
“Modernizar y mejorar el servicio”
Finalmente, Adorni aseguró que la privatización “permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio”, al considerar que “es el paso más importante” en el marco de la política de desregulación y reducción del gasto público que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Cambios en la SIGEN
En la misma conferencia, Adorni confirmó también la salida de Miguel Blanco de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Su reemplazo será Alejandro Díaz, especialista en auditorías y sindicatura, quien se desempeñaba en Nucleoeléctrica Argentina.