El diputado bonaerense de Unión por la Patria, Juan Martín Malpeli, presentó una denuncia penal contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a quien acusa de abuso de autoridad y persecución política. En diálogo con Radio Real Politik FM, el legislador sostuvo que existe una “utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento contra la oposición” y alertó sobre los riesgos que esto implica para la democracia.
“Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei hay una clara persecución a quienes piensan distinto. No se tolera la disidencia, y el Poder Judicial se ha convertido en una extensión del poder político para imponer miedo”, afirmó Malpeli.
El detonante de su presentación judicial fue la detención de una militante que, según explicó, “podría haber sido juzgada por una contravención menor”, pero fue tratada como una criminal peligrosa. “La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó su detención, la incomunicó, la envió al penal de Ezeiza. Todo eso por colgar un pasacalle o tirar excremento frente a la casa de un diputado. No comparto la acción, pero tampoco amerita semejante despliegue represivo. Se trata de una respuesta absolutamente desproporcionada y política”, indicó.
Para Malpeli, el accionar judicial responde a intereses políticos y aseguró que Arroyo Salgado “está haciendo carrera” con el gobierno actual. “Sabemos que busca ser procuradora y se ve que está haciendo los deberes con el poder de turno. No es la primera vez que sectores del Poder Judicial actúan con una doble vara. Hay causas que se cajonean y otras que avanzan a una velocidad insólita”, cuestionó.
En ese sentido, denunció que mientras los medios oficialistas celebran detenciones y escraches, otros delitos más graves siguen impunes. “Hay jueces federales más preocupados por disciplinar militantes que por investigar causas de corrupción o narcotráfico”, subrayó.
Malpeli comparó la situación actual con otras etapas oscuras de la historia argentina: “Lo vivimos con Mauricio Macri, lo vemos ahora con Javier Milei. Utilizan a la Justicia como un brazo del poder político para silenciar a los que piensan diferente. Esto no es nuevo: en los 70 también se utilizaba el aparato del Estado para perseguir opositores. No podemos permitir que vuelva a pasar”.
Finalmente, advirtió que este tipo de acciones representan un grave riesgo para el sistema democrático. “Cuando se utiliza el Poder Judicial para meter miedo, estamos en un problema muy grave. No sólo hay que denunciarlo, también hay que tomar acciones legales. Aunque las causas no avancen, hay que dejar constancia de lo que está pasando. Porque ya lo vivimos, y no queremos volver a vivirlo”, concluyó.