Muerte en la calle y polémica en Mar del Plata: denuncian violencia municipal y Montenegro lo desmiente

La muerte de Héctor Cabello, un hombre en situación de calle de 52 años, desató un fuerte repudio en Mar del Plata por parte de vecinos, organizaciones de derechos humanos y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que denunció violencia sistemática de la Patrulla Municipal y una política local basada en la persecución de los más vulnerables.

Cabello dormía en un garaje en el barrio San Juan y era conocido por los vecinos como un cuidacoches “querido y respetuoso”. Según relataron al diario La Capital, el hombre recibía comida, café y abrigo de la comunidad, pero sufría constantes hostigamientos de la Patrulla Municipal, que le quitaba colchones y frazadas. “No era un fisura, era una persona en situación de calle y no tenía dónde ir”, dijo una vecina, indignada.

La Comisión Provincial por la Memoria aseguró que desde fines de 2024 la Patrulla Municipal viene desplegando una política de “persecución y represión contra personas que viven o trabajan en la calle” y que la gestión de Guillermo Montenegro celebra y promueve estas prácticas. “Ya en la primera denuncia le señalamos al Intendente que debía velar por los derechos de estas personas vulnerables”, recordó la CPM, advirtiendo que la muerte de Cabello demuestra un “ensañamiento” y no un hecho aislado.

En respuesta, el intendente Guillermo Montenegro emitió un descargo en sus redes sociales en el que descalificó a Cabello, negando su situación de calle y calificándolo como “un delincuente con antecedentes, alcohólico, denunciado múltiples veces por vecinos”. Montenegro aseguró que la Patrulla Municipal actuó ante nueve denuncias en seis semanas y afirmó que el hombre había sido expulsado de paradores municipales por estar alcoholizado y por agresiones. Además, destacó que el informe médico determinó como causa de muerte una arritmia cardíaca y no hipotermia, e ironizó sobre las acusaciones: “Usaron la muerte para montar una operación política”.

Mientras tanto, la Comisión Provincial por la Memoria exigió la suspensión del accionar de la Patrulla Municipal y la asistencia urgente a las personas en situación de calle. “El Estado debe estar para garantizar derechos, no para violarlos”, advirtió el organismo.