El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) resolvió otorgar a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el beneficio de la prisión domiciliaria para que cumpla en su domicilio particular la condena de seis años impuesta por el caso conocido como “Vialidad”. La medida fue oficializada este martes y, según se informó, fue notificada de manera remota, por lo que no será necesario que la ex mandataria se presente este miércoles en los tribunales de Comodoro Py.
La decisión del Tribunal
Los jueces Jorge Gorini (presidente), Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del TOF 2, hicieron lugar al planteo formulado por el abogado defensor Carlos Beraldi, y resolvieron que la condena se cumpla en el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat.
El fallo fue dictado a pesar de la oposición manifestada por el Ministerio Público Fiscal. Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado que se rechazara el pedido de arresto domiciliario y plantearon dudas respecto a las condiciones de seguridad del inmueble donde residirá la ex presidenta. Sin embargo, el dictamen fiscal no tiene carácter vinculante, por lo que el tribunal avanzó con la autorización.
Vigilancia electrónica y condiciones impuestas
Como parte de los requisitos para la detención domiciliaria, el tribunal ordenó la colocación de una tobillera electrónica con sistema de geolocalización. El dispositivo será provisto e instalado por la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Además del monitoreo electrónico, se establecieron limitaciones en cuanto a la cantidad de visitas que podrá recibir la ex presidenta y se dispusieron pautas específicas de control para garantizar la correcta ejecución de la condena. Estas condiciones fueron delineadas con el objetivo de preservar tanto la seguridad como la integridad de la persona condenada.
Objeciones fiscales y cuestionamientos del gobierno porteño
El dictamen fiscal presentado por Luciani y Mola había puesto el foco en la ubicación del domicilio elegido para la detención. Según los fiscales, el inmueble —ubicado en una zona de alta densidad urbana— podría no contar con las condiciones adecuadas para una medida de este tipo, y advirtieron sobre la posibilidad de manifestaciones, cortes de calle y alteraciones del orden público.
En el mismo sentido se expresó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A través de la Procuración General porteña, y por instrucción del jefe de Gobierno Jorge Macri, se presentó un escrito ante el TOF 2 en el que se manifestó “preocupación institucional” por el impacto que la presencia de la ex mandataria podría tener en el normal funcionamiento de los servicios y en la seguridad del barrio de Monserrat. La administración porteña solicitó que, en caso de mantenerse la medida, se adopten disposiciones especiales que permitan preservar el orden público, en coordinación con las autoridades nacionales.
La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner fue dispuesta luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la semana pasada la condena dictada en diciembre de 2022 por el TOF 2, en la causa que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
A partir de esa confirmación, la situación procesal de la ex presidenta quedó firme, y el tribunal quedó habilitado para ejecutar la condena. La defensa de Kirchner solicitó el arresto domiciliario argumentando su edad y estado de salud, entre otros elementos.
Situación de otros condenados
En paralelo a la resolución del caso de la ex presidenta, este martes se presentó ante los tribunales de Comodoro Py el ex secretario de Obras Públicas José López, también condenado en la causa Vialidad. López, quien pidió cumplir su pena en Santa Cruz bajo arresto domiciliario, fue trasladado por el Servicio Penitenciario Federal a la cárcel de Ezeiza, a la espera de que el tribunal resuelva su situación.
López había sido excarcelado en otra causa en 2021, al ingresar al programa de protección de imputados tras declarar como arrepentido en el expediente de los “cuadernos de la corrupción”.