Crece el rechazo a la proscripción de Cristina: proponen un amparo electoral colectivo

Mientras aumentan los repudios y reclamos por la confirmación del fallo judicial de la Corte Suprema en la causa Vialidad, que condena a la ex presidenta a seis años de prisión, el abogado bonaerense Barcesat promueve una acción judicial inédita que busca frenar la proscripción política de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa consiste en un amparo electoral colectivo que podría ser presentado por la ciudadanía del distrito de La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires, como forma de resistencia legal ante lo que considera una vulneración del derecho político de representación.

Barcesat alertó sobre las graves consecuencias institucionales que implica el fallo del máximo tribunal. “Tiene una inhabilitación perpetua para ocupar cargos de función pública, un embargo monstruoso y una pena privativa de libertad”, señaló el jurista, quien además apeló a la expectativa de que “se le conceda la prisión domiciliaria porque procede notoriamente a estado de derecho, es persona mayor de 70 años”.

Ante la imposibilidad de que los recursos internacionales —como los que podrían presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU o la Corte de La Haya— logren una resolución en tiempos razonables, Barcesat propuso una herramienta más inmediata: un amparo colectivo de tipo electoral. Esta acción, explicó, podría radicarse en el Juzgado Federal con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

“La otra alternativa que estoy elaborando es la idea de un amparo electoral que lo tendrían que promover los electores, porque forman parte del pueblo de la Nación”, afirmó Barcesat. Según detalló, estarían habilitados todos los ciudadanos empadronados en el distrito de La Matanza, uno de los bastiones electorales más importantes del peronismo.

El sustento jurídico de la propuesta se encuentra en los artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional. “Al suprimir un candidato que goza de una enorme credibilidad y apoyo en el distrito electoral respectivo, están afectando su derecho a tener representante”, argumentó. En ese sentido, confió en que Ramos Padilla “va a obrar con obediencia a lo establecido en el artículo 36 frente a conductas que son cercenantes de los derechos electorales”.

El abogado convocó a presentar la acción antes de este viernes y dejarla abierta a adhesiones ciudadanas mediante escritos simples. “Innovar para resistir”, propuso como lema, al considerar que es momento de desplegar las herramientas que brinda el ordenamiento constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos frente a un Poder Judicial que, en sus palabras, no garantiza una jurisdicción “idónea y eficaz”.

Respecto al escepticismo sobre la posibilidad de que un juez de menor jerarquía condicione un fallo de la Corte, Barcesat recordó antecedentes recientes, como la suspensión ejecutoria de artículos del DNU 70/2023 en el ámbito laboral y del aumento de las prepagas, para sostener que “sí es posible”.

También rechazó la idea de que los jueces estén exentos de ser objeto de acciones de amparo. “En la decimosegunda conferencia nacional de abogados se trató específicamente si la acción de amparo cabía también respecto de las autoridades judiciales. La resolución, casi por unanimidad, fue que sí”, afirmó con contundencia.

Finalmente, ante la eventualidad de un indulto presidencial, Barcesat sostuvo que “el indulto apena la pena en su totalidad, es una facultad del Presidente de la Nación”, pero descartó que Cristina Kirchner lo acepte: “Ni siquiera creo que lo aceptaría”.