LEGISLATIVAS | 20 MAY 2025
PROYECTO LEGISLATIVO
Insisten con “Ficha Limpia” en territorio bonaerense
Diputados provinciales del PRO presentaron un proyecto para impedir que condenados por delitos de corrupción en segunda instancia ocupen cargos públicos.
En medio de la discusión nacional sobre la transparencia en la política y la posibilidad de una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, el bloque de diputados bonaerenses del PRO presentó un nuevo proyecto de ley para establecer el régimen de “Ficha Limpia” a nivel provincial.
La iniciativa, ingresada a la Cámara baja bonaerense por la diputada Rita Sallaberry y acompañada por sus compañeros de bancada Martín Endere, Gustavo Coria y Paula Bustos, apunta a impedir que personas con condenas judiciales en segunda instancia por delitos contra la administración pública puedan acceder o mantenerse en cargos públicos.
El texto del proyecto propone incorporar un inciso c al artículo 30 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, con el objetivo de inhabilitar como candidatos a quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos como fraude contra la administración pública, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La inhabilitación se aplicará únicamente si la condena fue confirmada judicialmente antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral.
Además, se aclara que si una condena en segunda instancia se dictara después del 1 de enero del año electoral, sus efectos regirán recién una vez finalizado ese proceso, evitando así la exclusión de candidaturas en medio de una campaña.
La presentación del proyecto se da en un contexto político particularmente sensible, luego del rechazo al régimen de Ficha Limpia en el Senado de la Nación y cuando se especula con el regreso electoral de la expresidenta Cristina Kirchner como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral del conurbano bonaerense. La iniciativa aparece así como un nuevo capítulo en la disputa por el perfil ético de los aspirantes a cargos públicos en la provincia más populosa del país.
Desde el PRO remarcaron que la medida busca fortalecer los estándares de integridad en la función pública y evitar que personas con antecedentes penales graves ocupen puestos de representación institucional. Sin embargo, como ha ocurrido en instancias anteriores, la discusión promete un fuerte debate político y jurídico sobre la constitucionalidad de limitar derechos políticos antes de una sentencia firme.
