Agroquímicos bajo la lupa: impulsan ley para proteger a escuelas rurales

La diputada provincial Sabrina Sabat, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara baja bonaerense, presentó un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación de productos fitosanitarios en terrenos lindantes a escuelas rurales. La iniciativa pone el foco en la protección de la salud de las comunidades educativas y del ambiente.

En declaraciones públicas, la legisladora de Unión Renovación y Fe advirtió sobre los riesgos de exposición a estos productos. “Puede generar consecuencias preocupantes. Es fundamental establecer pautas claras generando zonas de resguardo y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes”, expresó.

El proyecto responde a una problemática habitual en la provincia: muchas escuelas rurales conviven a diario con aplicaciones de agroquímicos a escasa distancia de sus aulas. Ante este escenario, Sabat insistió en la necesidad de establecer criterios claros que garanticen la seguridad ambiental y protejan a las comunidades: “La legislación local, en algunos casos, es ambigua, por eso es fundamental avanzar con una normativa provincial que unifique criterios”.

La propuesta legislativa contempla la obligatoriedad de la presencia permanente del asesor técnico del productor o la empresa aplicadora durante todo el procedimiento. Asimismo, se estipula que propietarios o arrendatarios de campos notifiquen con al menos 48 horas de anticipación la realización de aplicaciones. Quienes incumplan estas disposiciones podrían enfrentar sanciones.

“La educación no puede ir en desmedro del derecho a la salud integral y el ambiente sano y desde el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de promoverlo con normas claras y el compromiso de todos los actores”, sostuvo Sabat. También remarcó que la intención no es confrontar con el sector productivo: “No se trata de ir en contra del sector, sino de exigir prácticas responsables en resguardo de la vida de las personas”.

La presentación del proyecto se da en un contexto de creciente debate en la provincia de Buenos Aires sobre el uso de fitosanitarios y sus impactos en la salud y el medio ambiente, una preocupación latente en muchas comunidades rurales.