La magistrada aceptó un amparo presentado por legisladores de izquierda y un sindicalista del subte, quienes argumentaron la inconstitucionalidad de la resolución que estableció el aumento.
Según fuentes judiciales, el gobierno de Jorge Macri podría apelar el fallo ante la Cámara en lo contencioso, administrativo y tributario.
Liberatori destacó la falta de reglamentación sobre el procedimiento para establecer las tarifas del subte, lo que dificulta la transparencia y el control judicial.
En su fallo de 52 páginas, la jueza también criticó los gastos injustificados incluidos por el gobierno en el cálculo de la nueva tarifa, como estancias en el Automóvil Club Argentino y alquileres de autos fuera de la ciudad.
La magistrada subrayó que el nuevo cuadro tarifario no solo excede la inflación, sino que también impone una carga excesiva a los usuarios, considerándolo injusto e irrazonable.
Además, argumentó que la determinación tarifaria carece de fundamentos claros en relación con los costos operativos del servicio.
El fallo podría marcar un precedente sobre la regulación tarifaria y la transparencia en la gestión del servicio de subterráneos.