Distintas voces sobre el proyecto que busca regular las apps de deliverys

Se trata de una iniciativa que  si bien fue pospuesta este martes en su debate en  las comisiones conjuntas, fue aprobado oportunamente en la Cámara de Senadores provincial, y ahora será debatido nuevamente, con la participación de  todos los directamente involucrados.  Está  impulsado por el gremialista Omar Plaini, y apunta  en su 2° artículo a la creación de un registro obligatorio de trabajadores de las aplicaciones en el que las empresas tendrían la obligación de inscribir tanto a los trabajadores como a los vehículos utilizados, sólo a efectos informativos.

El disparador surge a partir de los artículos 6° y 7° de la norma  que busca ser aprobada y que aclara que el registro otorgará un “certificado habilitante” para el trabajador y su vehículo, que será intransferible y establecerá que el Poder Ejecutivo “deberá”, mediante la autoridad de aplicación, fijar condiciones y requisitos de inscripción; determinar plazos de inscripción; exigir a las personas jurídicas, empleadores, prestadores titulares y/o plataformas intermediarias (app) denuncien horario de conexión y desconexión de los trabajadores, así como también la aseguradora de riesgo de trabajo.

Al respecto se expresó desde la oposición el diputado de JxC  Sergio Siciliano, quien explicó que las empresas más afectadas por la eventual aplicación de la norma son Rappi y Pedidos YA, las cuales según dijo ya anunciaron que, de aprobarse esta ley, abandonarían sus operaciones en la provincia de Buenos Aires, lo que afectaría a más de 25.000 trabajadores que hace delivery a través de estas plataformas. “Esto afecta también a todo el sector gastronómico, cuya venta de delivery tiene un peso de 30% del total e incluso a aquellos establecimientos que tienen su propio delivery”, amplió Siciliano, quien insistió en sus redes sociales en “una discusión más profunda”.

“La ley que quieren aprobar y tratar es completamente delirante, dejaria a más de 20mil personas sin trabajo. ¡DEJEN TRABAJAR EN PAZ!”, señaló por su parte el diputado libertario   Nahuel Sotelo en Twitter. Del mismo modo, su par  Guillermo Castello, diputado provincial por Avanza Libertad, sostuvo: “este proyecto es anacrónico", y advirtió que "se trata de una medida recaudatoria del Estado; y una idea de los gremios para tener una caja que surge de los 30 ó 40 mil chicos que trabajan de manera independiente".

Así, y luego de la decisión de posponer el debate  Florencia Retamoso, diputada por JxC refirió: “¡Los frenamos! El gobierno de Kicillof atrasa. Sus políticas atrasan. Pero hoy, nuevamente, les pusimos un freno. El proyecto de regulación de las empresas de delivery, que generó preocupación tanto entre los trabajadores como en los empleadores, tendrá que esperar. Gracias a esto, casi 25.000 puestos de trabajo se mantienen seguros”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter

Por su parte, y del lado de quienes están de acuerdo con el proyecto, Mariano Robles, titular del Sindicato Único de Conductores de Moto de la República Argentina, aseguró que es "un golazo de mitad de cancha". "Planteamos que haya una ley que regularice la actividad para poder pensar que existimos, nos ven todos los días, pero en lo laboral somos unos desaparecidos. Las leyes laborales no se aplican, nosotros pensamos que es un avance. La regularización y el registro es el primer paso para ir a un empleo en blanco", manifestó el dirigente sindical.

El oficialismo por su parte tiene mayoría en ambas cámaras  y está decidido a avanzar en la propuesta: "Estos chicos que andan en moto o con las bici, no sabemos si están en blanco o en negro, para quiénes trabajan, no sabemos nada", dijo Plaini en declaraciones a medios bonaerenses aclarando, en respuesta a la oposición “que la idea no es tener un nuevo sindicato”, sino "que estén enmarcados en el que correspondan".

En ese aspecto y en un comunicado oficial desde la CGT, apoyaron el proyecto, y advirtieron que: "hace años se viene gestando un proceso global de transformación del trabajo (...) evidenciando que millones de personas trabajan hoy como independientes, encubriendo una relación laboral precarizada, sin derechos laborales, conduciéndolos a la marginalidad".

Así remarcaron que estos trabajadores "se encuentran dentro del colectivo de los vulnerables, víctimas de la flexibilización y precariedad laboral”, y explican que para el caso de los llamados raiders, la precarización es total:  no son provistos de transporte, ni indumentaria, además no poseen coberturas frente a accidentes de trabajo, es decir ningún derecho y protección conforme a lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, la Constitución Nacional, los Convenios Colectivos y demás legislación laboral".