Diputada de JxC pide modificaciones en la legislación para combatir las ciber estafas

La diputada provincial de la UCR, Melisa Greco, planteó que “esta iniciativa surge porque cuando los fiscales están investigando un delito de ciber estafas para poder realizar un embargo e inmovilización de cuentas deben informar al Juez de Garantías sobre los CBU involucrados en la investigación” por lo cual “dilata la celeridad para embargar e inmovilizar las cuentas que continúan siendo utilizadas para concretar otros delitos (además se usan cuentas de víctimas a las que les han hackeado el CBU)”.

Ante este grave problema, la legisladora propone que los fiscales puedan informar directamente a las entidades bancarias y a la UIF la vinculación de las cuentas que están involucradas en la posible comisión de un delito.

“Realizada la información, las entidades bancarias pueden llevar adelante la inmovilización de fondos de esas cuentas (conforme a sus obligaciones y facultades de buenas prácticas en el sistema bancario, la prevención del lavado y el financiamiento del crimen organizado) desde el momento que han sido notificados que una cuenta tuvo una posible vinculación con un delito”, explicó.

Y añadió que “la cautelar propuesta no afecta el derecho a la propiedad ni el secreto bancario.  Se trata de medidas solicitadas sobre cuentas o CBU específicos y no sobre personas”.

Greco también indicó que “el único que puede decretar el embargo de una cuenta durante la investigación de un delito es el Juez de Garantías, si considera que es pertinente” y aclaró que “esa facultad del Juez de Garantías no se afecta con esta reforma”.

Mientras tanto y hasta que se decrete el embargo por parte del Juez, “la inmovilización de cuentas tiene como objetivo principal detener rápidamente las transferencias entre cuentas que hacen cada vez más difícil dar con los autores de las estafas y determinar el carácter de quienes puedan resultar participes necesarios para la concreción de los delitos”, reiteró.

Por último, Greco recalcó que “en la mayoría de los casos este delito afecta a personas mayores y a los sectores vulnerables, entre otras por su falta de conocimiento sobre la práctica de transacciones electrónicas”.