Proponen ley para combatir la obesidad infantil

La iniciativa busca declarar a la obesidad como una enfermedad crónica; promueve que desde el Estado se aseguren mecanismos para prevenir, atender y combatir la obesidad infantil; regula la publicidad y prohíbe la entrega de juguetes en la venta de alimentos o golosinas; impulsa el desarrollo de programas de concientización y la aplicación de una materia en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido Ottavis explicó que “la obesidad se ha incrementado en las últimas décadas, considerándose una epidemia global y es la enfermedad crónica no transmisible que más sobresale en el mundo, donde los niños y adolescentes son los principales afectados”.

Al analizar la causa de la obesidad, el diputado provincial resaltó que se debe a “la gran expansión que han tenido los alimentos procesados y ultraprocesados, la comida chatarra, promoviendo una mala alimentación, centrada en el excesivo consumo de azucares y grasas”.

Asimismo, Ottavis remarcó que “el mercado de alimentos ultraprocesados está creciendo en la Argentina y junto con él la obesidad. Por medio de la publicidad se intenta cambiar la cultura alimentaria, y es por ello que venimos a promover la regulación del marketing de productos que dañan la salud de nuestros hijos”.

De esa forma, el proyecto de ley del diputado Ottavis prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas con alto valor calórico y bajos nutrientes dirigida a menores de catorce años. Asimismo, según el articulado, no se podrán utilizar “ganchos comerciales”, ni ofrecerse o entregarse gratuitamente a los menores de 14 años juguetes, accesorios, adhesivos, cartas, incentivos u otros similares a cambio de la compra de dichos alimentos.

Del mismo modo, se regula la publicidad de alimentos con elevado contenido calórico y pobres en nutrientes esenciales alimenticios, que deberá contener la leyenda “el consumo excesivo es perjudicial para la salud” en su difusión y en sus envoltorios.

El proyecto toma como antecedentes la exitosa experiencia de países como Chile, México y Colombia y se basa en la ley nacional 26.396 sobre la prevención y control de los trastornos alimentarios; contemplando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.