La resolución, adoptada durante la sesión de hoy del Consejo Superior, encomienda a la Prosecretaría de Derechos Humanos "diseñar, organizar, monitorear y certificar la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres, prevista en la Ley Micaela, para autoridades superiores, docentes, no docentes y estudiantes de esta Universidad".
La "Ley Micaela" fue sancionada en diciembre de 2018 y prevé capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. En la provincia de Buenos Aires, la medida fue votada este año.
El proyecto lleva el nombre de Micaela García, víctima de un brutal femicidio ocurrido el 1° de abril de 2017, cometido por un hombre que había sido beneficiado con libertad condicional, pese a sus antecedentes de violencia de género.