La Sociedad Rural Argentina salió al cruce del gobierno de Axel Kicillof por la implementación del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), un nuevo sistema de declaraciones juradas que obligará a los empleadores bonaerenses a informar mensualmente datos salariales y laborales de sus trabajadores.
La medida fue establecida mediante la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo provincial, encabezado por Walter Correa, y comenzará a aplicarse de manera voluntaria en diciembre de este año, para adquirir carácter obligatorio desde enero de 2027.
El formulario contempla información sobre salarios abonados, conceptos remunerativos y no remunerativos, recibos de haberes, comprobantes bancarios y mecanismos de control de la jornada laboral. La presentación deberá realizarse electrónicamente, a mes vencido, y la omisión o falsedad de datos podrá dar lugar a sanciones.
Desde la cartera laboral sostienen que la iniciativa permitirá modernizar y fortalecer las tareas de fiscalización, mientras que la Sociedad Rural, presidida por Nicolás Pino, considera que incorpora nuevas obligaciones administrativas en un contexto de dificultades para la actividad productiva.
“Más burocracia y controles: un nuevo retroceso para quienes producen y generan empleo”, expresó la entidad, que pidió revisar la resolución y avanzar hacia mecanismos de fiscalización más simples.
El cuestionamiento se concentra especialmente en los costos que la nueva exigencia podría representar para pequeñas y medianas empresas, que ya deben presentar información laboral ante organismos nacionales.
Sin embargo, detrás de la discusión administrativa también aparece una diferencia sobre el papel del Estado en la supervisión de las relaciones laborales. Mientras los sectores empresarios advierten sobre la multiplicación de trámites, el Gobierno provincial defiende la necesidad de contar con herramientas que permitan controlar el cumplimiento de las obligaciones patronales.