viernes 20 de noviembre de 2026
- Edición Nº2907

País

alarmantes cifras

Ni Una Menos: un femicidio cada 29 horas en Argentina

19:41 | El Observatorio Nacional MuMaLá registró 266 muertes violentas asociadas al género y 788 intentos de femicidio en lo que va de 2026. Un total de 207 niñas y niños quedaron sin sus madres. La organización denunció el retroceso de las políticas de protección y exigió declarar la emergencia nacional.



A pocos días de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las cifras de violencia machista en Argentina vuelven a exponer una realidad alarmante. Entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional MuMaLá contabilizó 266 femicidios y muertes violentas asociadas al género, una frecuencia de un crimen cada 29 horas que, según la organización, representa el registro más elevado desde 2020.

El relevamiento, elaborado por el Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos, también identificó 788 intentos de femicidio y 207 niñas, niños y adolescentes que quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. Detrás de las estadísticas aparecen historias de violencia que atraviesan familias, comunidades y generaciones, y que vuelven a poner en discusión la eficacia de los mecanismos de prevención, asistencia y protección.

De acuerdo con el informe, entre las muertes contabilizadas se registraron 194 femicidios directos, 32 femicidios vinculados, 21 asesinatos en contextos de narcotráfico y crimen organizado, 10 suicidios feminicidas y nueve trans/travesticidios. El observatorio también identificó otras modalidades de violencia letal asociadas al género.

El hogar, uno de los escenarios más peligrosos

Uno de los datos más preocupantes es que el 61% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o en un domicilio compartido, mientras que en el 62% de los casos los responsables fueron parejas, exparejas o familiares. Las cifras permiten dimensionar el peso de la violencia ejercida en ámbitos de cercanía y confianza, donde muchas mujeres enfrentan dificultades para identificar riesgos, acceder a redes de acompañamiento o abandonar situaciones de violencia.

La edad promedio de las víctimas fue de 37 años, aunque el relevamiento también contabilizó 30 niñas y adolescentes de hasta 18 años y 21 mujeres mayores de 60, lo que evidencia que la violencia por razones de género atraviesa distintas etapas de la vida.

Otro dato interpela directamente a los sistemas institucionales de protección: el 11% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas contra sus agresores. Entre esos casos, el 66% contaba con una orden de restricción o perimetral y el 14% disponía de un botón antipánico. La existencia de medidas judiciales que no lograron impedir los asesinatos vuelve a plantear interrogantes sobre el seguimiento de las denuncias, la evaluación del riesgo y la capacidad de respuesta de los organismos responsables.

Salta, entre las provincias con mayores tasas

La distribución territorial también refleja profundas desigualdades. Mientras la tasa nacional informada por MuMaLá se ubicó en un femicidio cada 100.000 mujeres, Santa Fe encabezó los registros con 2,4, seguida por Santiago del Estero con 2,3 y San Luis con 1,8. Misiones y Salta presentaron una tasa de 1,5, ubicándose también entre las jurisdicciones con mayor incidencia.

Estos indicadores refuerzan la necesidad de analizar las condiciones de acceso a dispositivos de protección, acompañamiento territorial y asistencia integral, especialmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos, donde las barreras geográficas, económicas e institucionales pueden dificultar la búsqueda de ayuda.

El reclamo por la emergencia nacional

Frente a este escenario, MuMaLá denunció un retroceso en las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género y reiteró su pedido de declaración de emergencia nacional. La organización advirtió sobre la necesidad de fortalecer los dispositivos de asistencia, garantizar recursos para la protección de las víctimas y sostener políticas de prevención con alcance federal.

El informe se difundió en la antesala del 25 de noviembre, una fecha que recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una vulneración de derechos humanos y requiere respuestas sostenidas del Estado en todos sus niveles.

A más de una década del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, los registros vuelven a demostrar que la consigna mantiene plena vigencia. Porque detrás de cada femicidio no solamente hay una vida arrebatada, sino también familias atravesadas por pérdidas irreparables, infancias que quedan sin sus madres y una sociedad que continúa enfrentando el desafío de transformar la indignación en prevención, protección y acceso efectivo a la justicia.

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