La situación del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) de Mar del Plata quedó en el centro de una nueva controversia política, luego de que la concejal Eva Ayala, de Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro, denunciara un progresivo deterioro de sus prestaciones y cuestionara la gestión municipal encabezada por Guillermo Montenegro. La edil presentó un pedido de informes ante el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo explique las demoras en la realización de estudios, la presunta reducción de horarios de atención y las condiciones de infraestructura del establecimiento.
Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, donde, según la información reunida por la concejal, se habría registrado una disminución significativa de las prestaciones, pese a la creciente demanda de pacientes que aguardan resonancias magnéticas, mamografías y ecografías. Ayala advirtió que el resonador cuenta con capacidad para funcionar durante las 24 horas y que anteriormente prestaba servicios desde las 8 hasta la medianoche, por lo que reclamó conocer las razones de la caída en la cantidad de estudios realizados.
“Tenemos una enorme demanda de estudios médicos sin resolver y, en lugar de ampliar la capacidad de atención, el Municipio estaría reduciendo los horarios y la cantidad de estudios que se realizan”, cuestionó. En ese sentido, solicitó información sobre las listas de espera, los turnos otorgados, los mecanismos de autorización y la evolución de las prestaciones.
Denuncias por falta de mantenimiento y condiciones sanitarias
El pedido de informes también pone el foco sobre el estado edilicio del CEMA. Ayala denunció que la sala del resonador presentaría suciedad, pisos deteriorados, problemas en el techo y deficiencias de iluminación. Además, alertó sobre la presunta presencia de roedores en sectores próximos al equipamiento médico, una situación que, de confirmarse, podría comprometer las condiciones sanitarias y provocar daños en componentes de alto valor.
A estas observaciones se suma otro cuestionamiento: según la edil, la habilitación sanitaria del establecimiento habría vencido en 2017 y no existirían constancias de su renovación. Por ese motivo, reclamó precisiones sobre la situación administrativa y las condiciones actuales de funcionamiento.
La concejal también denunció que espacios originalmente destinados a la atención de pacientes habrían sido transformados en oficinas administrativas de la Secretaría de Salud. “Las ventanillas que antes estaban abiertas para atender a los vecinos hoy están tapadas. Los espacios de atención se convierten en oficinas administrativas. Difícil encontrar una imagen que sintetice mejor las prioridades de este gobierno”, expresó.
El impacto sobre el derecho a la salud
Ayala recordó que el CEMA fue concebido para fortalecer el segundo nivel de atención municipal y garantizar el acceso a diagnósticos médicos sin que la situación económica o el barrio de residencia condicionaran las posibilidades de atención. En ese marco, advirtió que la reducción de prestaciones no solamente perjudica a quienes esperan un estudio, sino que también incrementa la presión sobre los Centros de Atención Primaria de la Salud y los hospitales provinciales.
“Montenegro tuvo siete años para recuperar y fortalecer el CEMA. Hoy tenemos un establecimiento cada vez más deteriorado y vecinos que siguen esperando respuestas”, sostuvo la edil, quien reclamó que el Ejecutivo municipal explique qué medidas adoptará para revertir las dificultades denunciadas.
La presentación legislativa busca establecer el alcance real de los problemas señalados y determinar las responsabilidades de la administración municipal. Mientras tanto, el cuestionamiento de fondo excede el mantenimiento de un edificio: apunta a la capacidad del Estado local para garantizar diagnósticos oportunos y atención sanitaria accesible.
“El abandono de la salud pública no siempre ocurre cerrando un establecimiento. También se abandona cuando no se dan turnos, se reducen los horarios, se dejan de hacer estudios y se transforman espacios de atención en oficinas. El edificio sigue ahí, pero el derecho a la salud se va perdiendo”, concluyó Ayala.