El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó la política del Gobierno de Javier Milei hacia la agricultura familiar y reclamó que la Nación cumpla con las obligaciones establecidas por la Ley 27.118, que declara de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. El funcionario acompañó una movilización de organizaciones productivas que llevaron al Congreso pedidos de informes y una iniciativa para declarar la emergencia del sector.
Durante una entrevista con Radio Provincia, Rodríguez sostuvo que el Ejecutivo nacional abandonó programas de asistencia técnica, comercialización y acompañamiento a pequeños y medianos productores, pese a que la legislación continúa vigente. También denunció despidos en áreas especializadas y el cierre de herramientas estatales destinadas a fortalecer las economías regionales.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta al financiamiento. Según explicó, la normativa establece que el 20% de los fondos de Emergencia Agropecuaria deben destinarse a la agricultura familiar, una disposición cuyo cumplimiento fue puesto en duda por el funcionario bonaerense.
Rodríguez también advirtió sobre la pérdida de oportunidades de financiamiento externo, particularmente de líneas ofrecidas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que otros países de la región estarían utilizando para fortalecer a sus productores. A su entender, Argentina se está excluyendo de herramientas necesarias en un escenario de creciente vulnerabilidad económica y climática.
Finalmente, señaló que la Provincia solicitó en agosto recursos nacionales para realizar tareas preventivas frente a contingencias climáticas y mejorar caminos rurales, pero no obtuvo respuestas. “Todo librado a las provincias y los municipios”, cuestionó, antes de afirmar que el retiro del Estado nacional representa un abandono de los 17,5 millones de bonaerenses.