El diputado provincial del PRO, Martín Endere, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear el Consejo Provincial para la Reconversión Minera, un organismo destinado a planificar el futuro económico, productivo, laboral y ambiental de aquellas localidades cuya actividad depende, en gran medida, de la explotación de recursos minerales.
La propuesta pone el foco en una problemática que suele quedar relegada frente a los beneficios económicos inmediatos de la actividad extractiva: qué ocurre con los trabajadores, las empresas y las comunidades cuando disminuye la producción, se agotan los yacimientos o llega el momento del cierre de los emprendimientos mineros.
En ese sentido, Endere planteó la necesidad de anticipar políticas públicas que permitan evitar que el declive de la actividad derive en crisis de empleo, deterioro económico y pérdida de oportunidades para las poblaciones vinculadas históricamente a la minería.
“La reconversión no significa dejar de apostar a la minería, sino asumir la responsabilidad de planificar qué viene después”, sostuvo el legislador, al destacar que la explotación de recursos minerales constituye una fuente relevante de inversiones, actividad económica y puestos de trabajo en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires.
Diversificar la producción y proteger el empleo
El proyecto contempla la elaboración de un Plan Provincial de Reconversión Minera, mediante el cual se identificarían las regiones con mayor dependencia de la actividad extractiva y se evaluarían sus condiciones económicas, laborales, productivas, ambientales y territoriales, con el objetivo de diseñar estrategias de desarrollo que puedan sostenerse más allá de la vida útil de los emprendimientos.
Entre las alternativas previstas se encuentran la promoción del turismo, la producción agropecuaria, la industria, la generación de energía y las nuevas tecnologías. También se propone recuperar y reutilizar instalaciones e infraestructura minera para destinarlas a otros proyectos productivos, aprovechando recursos materiales y capacidades ya existentes en cada localidad.
La iniciativa incorpora así una perspectiva de planificación territorial que busca reducir la dependencia de una única actividad económica y generar condiciones para sostener el empleo y las oportunidades de desarrollo de las comunidades.
El debate también introduce la necesidad de contemplar las consecuencias ambientales y sociales que pueden producirse después del cierre de las explotaciones, especialmente en aquellos territorios donde la minería ocupa un lugar central en la organización económica y laboral.
“Tenemos que planificar antes de que llegue la crisis, proteger los puestos de trabajo y aprovechar las capacidades de cada región. El futuro de nuestras comunidades no puede depender exclusivamente de cuánto mineral queda por extraer”, afirmó Endere.