El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad con el respaldo unánime de los 71 legisladores presentes, en una votación que marcó un giro en el tratamiento de una problemática atravesada por reclamos sostenidos de las personas con discapacidad, sus familias, trabajadores y organizaciones prestadoras de servicios.
La iniciativa, que había obtenido media sanción en Diputados con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, establece un régimen permanente destinado a garantizar la continuidad de las prestaciones, actualizar los aranceles y ordenar el sistema de pensiones no contributivas. También contempla la compatibilidad entre el cobro de una pensión y el acceso al empleo formal, además de mecanismos para revisar y rehabilitar beneficios suspendidos.
La aprobación representa un cambio de posición del oficialismo, que anteriormente había rechazado la emergencia en discapacidad bajo argumentos vinculados con el equilibrio fiscal. Esta vez, La Libertad Avanza acompañó una propuesta consensuada con sectores de la oposición, aunque insistió en la necesidad de establecer mecanismos de control y previsibilidad presupuestaria.
Un consenso que no borra los reclamos
Durante el debate, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, presentó la sanción como un acuerdo político y social, apeló a un discurso conciliador y sostuvo que el Congreso había demostrado que era posible construir políticas de Estado a través del diálogo.
Sin embargo, desde la oposición advirtieron que la aprobación legislativa no alcanza por sí sola para reparar los derechos afectados durante los últimos años.
La senadora Alicia Kirchner planteó que ninguna sanción legislativa reconstruye automáticamente los derechos vulnerados y señaló que la norma constituye un punto de partida, pero no una respuesta definitiva a los problemas que atraviesa el sector.
En una línea similar, la cordobesa Alejandra Vigo acompañó el proyecto, aunque cuestionó el retraso en las compensaciones económicas destinadas a las prestaciones, que estimó cercano al 30%. La legisladora reclamó que el Gobierno nacional actualice los pagos para evitar que la pérdida de recursos continúe comprometiendo la atención.
El nuevo régimen será incorporado al Presupuesto 2027 y contempla herramientas para sostener el financiamiento del sistema, aunque su implementación efectiva dependerá de las decisiones administrativas y presupuestarias del Poder Ejecutivo.
La sanción llega después de una prolongada disputa por la emergencia en discapacidad y de reiteradas movilizaciones de organizaciones que reclamaron la continuidad de tratamientos, transportes, acompañamientos y servicios esenciales.
El desafío ahora será que el respaldo parlamentario se traduzca en garantías concretas para las personas con discapacidad y sus familias, después de un período en el que el acceso a derechos fundamentales quedó atravesado por la incertidumbre económica y las disputas políticas.