El Concejo Deliberante de Morón aprobó por mayoría una ordenanza que busca garantizar el acceso público a la totalidad de los actos de gobierno, después de que distintos sectores políticos denunciaran que la administración del intendente Lucas Ghi publicaba decretos incompletos, omitiendo anexos bajo el argumento de supuestas limitaciones de espacio.
La iniciativa, impulsada por el concejal Ariel Aguilera, del bloque Todo por Argentina, obtuvo 16 votos y establece expresamente la obligación de incorporar los anexos a las publicaciones oficiales. La decisión coloca al Ejecutivo municipal frente a la necesidad de promulgar o vetar la norma, en medio de crecientes cuestionamientos sobre los mecanismos de transparencia institucional.
La controversia se profundizó a partir de la creación de la Policía Municipal mediante el decreto 1519/2026, publicado en agosto sin los anexos que contenían información sobre reglamentaciones y adquisiciones vinculadas con el nuevo organismo. Según denunciaron sectores opositores, esta práctica impide conocer aspectos sustanciales de las decisiones administrativas.
Aguilera cuestionó particularmente la utilización del argumento de las limitaciones de espacio en un Boletín Oficial que se publica digitalmente. Para el edil, no existen impedimentos técnicos que justifiquen omitir documentación que debería estar disponible para la ciudadanía.
El conflicto también motivó una presentación ante el Tribunal de Cuentas realizada por el exconcejal Francisco Mones Ruiz, de la Coalición Cívica-ARI, quien denunció irregularidades en la publicación de información municipal.
La ordenanza reunió acompañamientos de distintas fuerzas políticas, entre ellas La Libertad Avanza, Fuerza Patria, PRO, UCR y Todo por Argentina, en una votación que evidenció coincidencias transversales sobre la necesidad de garantizar el acceso a la información pública.
El debate excede la controversia administrativa. Los anexos de los decretos pueden contener detalles de contrataciones, designaciones, asignaciones presupuestarias y procedimientos que permiten conocer cómo se utilizan los recursos públicos. Su publicación completa constituye una herramienta fundamental para el control ciudadano y el funcionamiento democrático de las instituciones.