El radicalismo bonaerense comenzó a ordenar su estrategia política frente al tratamiento del Presupuesto provincial 2027 y puso sobre la mesa una serie de reclamos vinculados con el financiamiento de los municipios, la distribución de los recursos y las obligaciones económicas que, según advirtieron los intendentes, la administración de Axel Kicillof mantiene pendientes con los distritos. La discusión se desarrolló en La Plata, durante la primera reunión de trabajo de la nueva Mesa de Conducción del Foro de Intendentes Radicales, que buscó avanzar en una posición conjunta con los legisladores provinciales antes de que el debate presupuestario ingrese en su etapa decisiva.
El encuentro contó con la participación del presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Emiliano Balbín; el titular de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti; diputados y senadores bonaerenses e intendentes de distintos distritos gobernados por el radicalismo. La convocatoria tuvo como propósito fortalecer la articulación institucional del partido y establecer criterios comunes para negociar con el Ejecutivo provincial, en un escenario donde las administraciones municipales aseguran que deben afrontar responsabilidades crecientes sin contar con una actualización equivalente de sus recursos.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al Fondo de Seguridad, cuyos valores permanecen congelados desde hace 15 meses. Según señalaron los jefes comunales, los aportes provinciales cubren, en promedio, apenas el 40% de los gastos que realizan los municipios para sostener servicios vinculados con la seguridad, una competencia que corresponde fundamentalmente a la Provincia. Esta situación, plantearon, obliga a las comunas a utilizar fondos propios para atender necesidades que exceden sus responsabilidades originales, reduciendo la capacidad de inversión en infraestructura, mantenimiento urbano y otras prestaciones esenciales.
La situación del Instituto de Obra Médico Asistencial también ocupó un lugar central en el encuentro. Los intendentes advirtieron que los valores reconocidos por las prestaciones hospitalarias permanecen congelados desde octubre de 2024, pese al incremento de los costos de funcionamiento de los establecimientos sanitarios municipales. En ese contexto, reclamaron una actualización de los aranceles y la implementación de mecanismos que permitan compensar las deudas que la obra social provincial mantiene con los municipios.
El planteo adquiere especial importancia para aquellos distritos donde los hospitales municipales constituyen una parte fundamental del sistema de atención sanitaria, ya que la falta de actualización de las prestaciones obliga a las administraciones locales a destinar una mayor proporción de sus presupuestos al sostenimiento de los servicios.
La discusión presupuestaria también incluyó las previsiones de coparticipación, la pauta salarial contemplada para el próximo ejercicio, los mecanismos de distribución de los recursos provenientes del endeudamiento provincial y la incorporación de obras públicas para las localidades gobernadas por el radicalismo.
Como principal definición política, los participantes acordaron que los legisladores bonaerenses mantendrán una nueva reunión con la Mesa de Conducción del Foro para construir una postura común frente al Presupuesto 2027. La intención es que las decisiones parlamentarias vinculadas con la distribución de fondos respondan a criterios previamente consensuados con los intendentes, en un intento por evitar que las diferencias internas del partido debiliten su capacidad de negociación.
La agenda del encuentro también incorporó un análisis de la situación económica nacional a partir de la participación virtual del economista y exdiputado Martín Tetaz, quien abordó las transformaciones del mercado laboral, el deterioro del poder adquisitivo y las consecuencias que estos procesos tienen sobre los gobiernos locales.
Durante su exposición, Tetaz distinguió entre los cambios estructurales de la economía, las transformaciones tecnológicas que modifican las condiciones laborales y las dificultades coyunturales que afectan el consumo y los ingresos de las familias. En ese marco, sostuvo que el problema del mercado de trabajo no puede analizarse únicamente a partir de la cantidad de puestos disponibles, sino que también debe contemplar la calidad del empleo y la capacidad real de los salarios para garantizar condiciones de vida adecuadas.
El diagnóstico incorporó una dimensión especialmente sensible para las administraciones municipales, que reciben de manera directa las consecuencias del deterioro económico de los hogares y deben responder a demandas crecientes de asistencia y servicios públicos.
Tetaz también destacó la importancia de recuperar la capacidad de ejecutar obra pública municipal y poner en valor los servicios que prestan los gobiernos locales, una cuestión que se vincula directamente con las preocupaciones expresadas por los intendentes respecto de las restricciones presupuestarias y la distribución de fondos provinciales.
Durante la apertura institucional, Emilio Cordonnier, intendente de Ayacucho e integrante de la nueva Mesa de Conducción, destacó el proceso de diálogo que permitió conformar una representación plural de las distintas vertientes del radicalismo bonaerense. En ese sentido, planteó que el desafío de esta etapa será transformar los acuerdos internos en una agenda permanente de cooperación entre municipios y representación de sus intereses ante la Provincia.
La reunión dejó planteada una doble discusión para la UCR bonaerense. Por un lado, la necesidad de fortalecer la capacidad de negociación de los intendentes frente al gobierno provincial, especialmente en materia de financiamiento y prestación de servicios esenciales. Por otro, el desafío político de construir una posición compartida en un partido atravesado por distintas estrategias y alineamientos.