La gravedad de las inundaciones que afectan al partido bonaerense de Lincoln llevó a las autoridades municipales a declarar la emergencia hídrica, social, sanitaria y económica por un período de seis meses, en un contexto de anegamientos persistentes, caminos rurales comprometidos y dificultades crecientes para sostener la actividad productiva y garantizar el acceso a servicios esenciales en distintas localidades del distrito.
La medida fue convalidada por unanimidad por el Concejo Deliberante y contempla herramientas extraordinarias para acelerar la respuesta estatal ante una situación que afecta especialmente a Las Toscas, Carlos Salas, Martínez de Hoz y las zonas rurales correspondientes a los cuarteles IX, X, XI y XII, donde la acumulación de agua alcanzó niveles críticos.
Según un informe técnico elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los suelos de esos sectores presentan niveles de saturación de entre el 90% y el 100%, una condición que impide absorber nuevas precipitaciones y compromete severamente las campañas agrícolas en desarrollo. La emergencia no solamente afecta a los establecimientos productivos, sino también a las familias que habitan las zonas rurales, cuya movilidad y acceso a suministros dependen de caminos deteriorados por el agua.
Frente a este escenario, el municipio solicitó la intervención de la Dirección Provincial de Defensa Civil y de la Dirección Militar de Asistencia en Emergencias (DIMAE), dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, con el objetivo de disponer de personal especializado y vehículos capaces de circular por terrenos anegados.
El requerimiento incluye camiones Unimog y otros vehículos tácticos que permitan distribuir alimentos, medicamentos e insumos indispensables, además de colaborar con eventuales evacuaciones en las localidades y parajes más comprometidos.
La emergencia también encomienda a la Secretaría de Servicios Públicos avanzar de manera inmediata con trabajos de defensa, alcantarillado, alteo y reparación de caminos, mientras se mantiene restringida la circulación de transporte pesado no esencial por las vías rurales afectadas. La disposición contempla excepciones para el transporte lácteo y la asistencia sanitaria, dos actividades cuya continuidad resulta fundamental para el funcionamiento económico y social de la región.
Otro de los aspectos contemplados en la decisión municipal es la fiscalización de canalizaciones y obras hidráulicas realizadas sin autorización. Las áreas de Producción y Legal y Técnica deberán continuar las inspecciones para detectar intervenciones que puedan agravar los anegamientos o desviar el agua hacia caminos públicos y sectores habitados.
En esos casos, el municipio quedó facultado para promover denuncias penales contra propietarios que hayan realizado desvíos ilegales, en articulación con los organismos competentes y la Autoridad del Agua bonaerense.
Para agilizar las intervenciones, el Concejo Deliberante también autorizó la reestructuración de partidas presupuestarias y la realización de contrataciones directas excepcionales destinadas exclusivamente a atender la emergencia. Estas herramientas permitirán adquirir combustibles, maquinaria e insumos, contratar servicios técnicos y disponer recursos para asistencia social y sanitaria sin atravesar los procedimientos administrativos ordinarios.
La decisión municipal se produjo luego de que la Mesa de Emergencia Agropecuaria Local recomendara por unanimidad avanzar con medidas extraordinarias. En paralelo, la gestión del intendente Salvador Serenal elevó al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires un pedido de declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para los sectores más afectados.
La solicitud busca extender las herramientas de asistencia al ámbito provincial, en un territorio donde el exceso de precipitaciones y la imposibilidad de drenar el agua comprometen tanto la producción como la continuidad de numerosas actividades rurales.