miércoles 18 de noviembre de 2026
- Edición Nº2905

País

POLÍTICA

Ley de Alivio MiPyME: moratoria de 96 cuotas, freno a embargos y obligación de mantener el empleo

08:18 | El proyecto obtuvo dictamen en el Congreso y combina alivio fiscal con protección laboral. Para acceder, las empresas deberán conservar al menos el 90% de su planta, y el 95% en el caso de las medianas.



El Congreso de la Nación avanzó en el dictamen del proyecto de Ley de Alivio, Reactivación y Protección MiPyME, una herramienta legislativa orientada al sostenimiento del entramado productivo y el mundo del trabajo que busca descomprimir la situación financiera que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país. El proyecto combina facilidades tributarias y frenos a las medidas cautelares con cláusulas estrictas orientadas a evitar despidos y garantizar el cobro en término de los trabajadores.

Uno de los ejes centrales del texto consensuado en comisión radica en la contraprestación laboral exigida a las compañías que decidan adherir al régimen. Para acceder a los beneficios fiscales y financieros, los empleadores asumirán la obligación legal de sostener al menos el 90% de su nómina de personal registrada, un piso que se eleva al 95% en el caso de las empresas consideradas de porte mediano.

Alivio para pymes: blindaje a los salarios y límites al ARCA

Durante el debate previo a la redacción definitiva del despacho, se incorporaron modificaciones promovidas por la diputada nacional Marina Salzmann, dirigidas específicamente a proteger la continuidad operativa de las unidades productivas de las pymes y asegurar el cumplimiento de las obligaciones salariales frente a eventuales bloqueos financieros.

Entre las medidas más relevantes para el sector trabajador se destaca la creación de un mecanismo judicial de carácter urgente para desbloquear recursos retenidos. La normativa establece un plazo perentorio de hasta tres días hábiles para liberar de forma inmediata aquellos fondos bancarios que hubieran sido objeto de embargo, siempre que su destino sea el pago de los sueldos mensuales y las correspondientes cargas sociales y aportes.

Asimismo, a instancias de la legisladora, el dictamen fija un umbral mínimo de deuda para el accionar compulsivo del organismo recaudador. De aprobarse la ley, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) quedará impedida de promover juicios de ejecución fiscal o solicitar embargos cuando el pasivo acumulado por la empresa no supere el equivalente a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVyM).

Suspensión de ejecuciones y alivio en cuentas bancarias

Más allá de las cláusulas específicas sobre haberes, el paquete normativo para las pymes dispone un paraguas protector sobre la liquidez de las empresas durante el plazo de doce meses. En ese período quedará suspendido el inicio de nuevas ejecuciones fiscales y la aplicación de medidas cautelares por parte de ARCA, permitiendo que las firmas puedan reorganizar su flujo de caja sin la presión de los bloqueos judiciales.

En aquellos casos donde ya existan o deban aplicarse trabas sobre cuentas bancarias, el proyecto introduce un criterio de proporcionalidad para no paralizar la actividad cotidiana: los embargos deberán limitarse estrictamente al capital reclamado con un tope adicional del 15% en concepto de intereses y costas procesales. De este modo, el saldo excedente quedará automáticamente disponible para que la empresa pueda afrontar sus gastos corrientes y mantener su giro comercial.

Moratoria a largo plazo y simplificación administrativa

En materia de regularización tributaria, el despacho parlamentario introduce una mejora sustancial respecto del esquema original diseñado por el Poder Ejecutivo. Mientras la iniciativa original proponía un plan de apenas 18 pagos, el texto dictaminado extiende el horizonte de financiación hasta las 96 cuotas mensuales, sumando además un período de gracia de un año completo para las unidades productivas catalogadas como micro y pequeñas empresas.

Este esquema de refinanciación se complementa con una quita significativa sobre los recargos acumulados, disponiendo la condonación total de las multas a las pymes que aún no se encuentren firmes y una reducción de hasta el 80% en los intereses resarcitorios, porcentaje que variará de acuerdo con la escala de cada compañía.

Finalmente, para reducir la carga administrativa que suelen enfrentar los pequeños empleadores ante los distintos organismos públicos, el proyecto impulsa la puesta en marcha de la Ventanilla Única PyME (VUPyME) y la implementación generalizada del Legajo Único Financiero y Económico (LUFE), dos instrumentos pensados para centralizar la información y eliminar la superposición de trámites estatales.

3