lunes 16 de noviembre de 2026
- Edición Nº2903

País

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Más de 6 millones de argentinos no pueden pagar sus deudas y la morosidad alcanza niveles récord

15:08 | Un informe del CEPA revela que el incumplimiento de las familias llegó al 15,4% al considerar bancos y entidades no financieras. La caída del poder adquisitivo, el uso del crédito para sostener el consumo y las dificultades para afrontar los vencimientos profundizan el deterioro económico de los hogares.



La crisis de ingresos de las familias argentinas comienza a mostrar una de sus consecuencias más preocupantes: millones de personas que recurrieron al crédito para sostener sus gastos cotidianos ya no consiguen afrontar los compromisos asumidos. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU), más de 6 millones de argentinos registran deudas impagas, mientras que la morosidad bancaria de los hogares alcanzó niveles que no se observaban desde la crisis de 2001.

El relevamiento, correspondiente a septiembre de 2026, expone un deterioro sostenido de la capacidad de pago de las familias en un escenario atravesado por la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para recuperar los ingresos reales y el encarecimiento de las alternativas de financiamiento. La irregularidad crediticia del sector privado en entidades bancarias llegó al 7,5%, aunque la situación resulta considerablemente más grave cuando se analiza específicamente el comportamiento de los hogares, donde el indicador alcanzó el 12,2%.

Detrás de esos porcentajes aparece una problemática que excede largamente las estadísticas financieras. El endeudamiento se convirtió para numerosos hogares en una herramienta para sostener niveles de consumo que sus ingresos ya no alcanzan a cubrir, mientras que el deterioro de la capacidad de pago plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de ese mecanismo y sus consecuencias económicas y sociales.

El crédito dejó de ser una solución y se convirtió en un problema

El informe del CEPA muestra que la morosidad bancaria de las familias pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,2% en septiembre de 2026, una evolución que refleja la velocidad con la que se deterioró la capacidad de cumplimiento de las obligaciones financieras.

Aunque el indicador registró dos meses consecutivos de leves retrocesos, el centro de estudios advirtió que todavía no existen elementos suficientes para considerar que se haya consolidado una tendencia de recuperación.

La situación resulta especialmente preocupante en los préstamos personales y las tarjetas de crédito, dos herramientas ampliamente utilizadas por los hogares para financiar compras, afrontar gastos extraordinarios o distribuir pagos a lo largo del tiempo. En agosto, los préstamos personales registraban una morosidad del 17%, mientras que las tarjetas de crédito alcanzaban el 12,2%.

Ambos instrumentos explicaban, en conjunto, el 71,8% del saldo irregular de las familias dentro del sistema bancario tradicional, una concentración que permite identificar dónde se acumulan las mayores dificultades.

La expansión del crédito al consumo durante 2025, cuando registró un crecimiento real del 31,3%, estuvo seguida por un fuerte deterioro de las carteras crediticias. Como consecuencia, las entidades bancarias comenzaron a endurecer las condiciones de financiamiento, mientras que los préstamos destinados al consumo experimentaron una caída real del 9,4% durante los primeros diez meses de 2026.

Las billeteras virtuales, en el centro del deterioro

Uno de los datos más alarmantes del relevamiento aparece fuera del sistema bancario tradicional. En los proveedores no financieros de crédito, categoría que incluye billeteras virtuales, empresas fintech y cadenas comerciales que ofrecen financiamiento, la morosidad familiar pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 34,6% en septiembre de 2026.

La cifra supera incluso el máximo del 27,1% registrado durante mayo de 2020, en plena pandemia, y evidencia las dificultades que enfrentan los usuarios de modalidades de financiamiento que adquirieron una presencia creciente en la economía cotidiana.

Al considerar conjuntamente los créditos bancarios y los otorgados por entidades no financieras, el índice de irregularidad de las familias alcanza aproximadamente el 15,4%.

El fenómeno revela que la crisis de pagos no se encuentra limitada a un segmento particular del sistema financiero. Por el contrario, se extiende a diferentes modalidades de financiamiento y compromete tanto a quienes mantienen relaciones crediticias tradicionales como a quienes utilizan herramientas digitales para obtener préstamos.

La facilidad de acceso a determinadas líneas de crédito puede representar una respuesta inmediata frente a necesidades económicas urgentes, pero también puede exponer a los usuarios a mayores dificultades cuando los ingresos disponibles resultan insuficientes para afrontar las cuotas y los intereses.

Más de seis millones de personas con deudas impagas

El estudio dimensiona el alcance social del problema a partir de los registros de la Central de Deudores. Sobre un universo de 21,4 millones de personas con financiamiento, aproximadamente 6,07 millones se encuentran en situación de mora.

La cifra equivale al 18,1% de la población adulta argentina y representa, en términos comparativos, el 37,9% de la Población Económicamente Activa.

Del total de personas con incumplimientos, 2,93 millones registran obligaciones impagas exclusivamente con proveedores no financieros, 1,7 millones presentan deudas irregulares solamente con bancos y alrededor de 1,45 millones mantienen compromisos vencidos en ambos segmentos.

La distribución refleja la importancia que adquirieron las plataformas digitales y las cadenas comerciales dentro del financiamiento de los hogares, pero también pone de manifiesto la magnitud de las dificultades para cumplir con las obligaciones asumidas.

No se trata únicamente de familias que enfrentan atrasos ocasionales. Una parte significativa de los deudores presenta situaciones de incumplimiento prolongado, lo que reduce las posibilidades de regularizar sus obligaciones sin mecanismos de refinanciación o una mejora sostenida de los ingresos.

El 68% de los morosos registra deudas consideradas irrecuperables

La gravedad del escenario se vuelve todavía más evidente al analizar la calidad de las carteras crediticias. Según CEPA, el 68% de las personas en situación de mora, aproximadamente 4,13 millones, se encuentra clasificado en Situación 5, la categoría de mayor deterioro crediticio dentro del sistema de información utilizado en el relevamiento.

Esta clasificación identifica obligaciones consideradas irrecuperables desde el punto de vista financiero y constituye una señal de alerta sobre las posibilidades de recuperación de los créditos.

En términos monetarios, las deudas clasificadas en Situación 4, correspondiente a un alto riesgo de insolvencia, acumulan aproximadamente 6,77 billones de pesos, de los cuales 5,14 billones corresponden a entidades bancarias.

Por su parte, la Situación 5 concentra obligaciones por 5,37 billones de pesos. En este segmento, los proveedores no financieros representan el 59,5% del capital considerado incobrable, equivalente a unos 3,19 billones.

Estas cifras ponen de manifiesto que el problema ya no se limita al crecimiento de los atrasos en los pagos, sino que involucra una acumulación de obligaciones cuya recuperación resulta cada vez más compleja.

También permiten dimensionar el impacto potencial sobre el conjunto del sistema crediticio, que enfrenta un aumento del riesgo y mayores dificultades para sostener la expansión del financiamiento.

Salarios que pierden y deudas que crecen

El CEPA vincula el deterioro crediticio con la evolución de los ingresos durante la administración de Javier Milei. Según sus cálculos, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 el salario real de los trabajadores registrados acumuló una caída del 7% al considerar la evolución del Índice de Precios al Consumidor oficial.

La pérdida resulta todavía mayor cuando se utiliza una actualización de la estructura de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, metodología bajo la cual la contracción alcanza el 17,6%.

La diferencia entre ambas mediciones refleja la importancia que tiene la composición de la canasta de consumo para evaluar la evolución real del poder adquisitivo, especialmente cuando determinados gastos esenciales representan una proporción creciente del presupuesto familiar.

En ese contexto, el avance del endeudamiento puede interpretarse como parte de una estrategia de los hogares para compensar la insuficiencia de sus ingresos, aunque el informe no permite establecer que todas las deudas hayan sido contraídas exclusivamente para cubrir necesidades básicas.

Lo que sí muestran los datos es que la expansión inicial del crédito coincidió posteriormente con un fuerte deterioro de la capacidad de pago, una dinámica que plantea dificultades adicionales para la recuperación del consumo.

Las personas de entre 25 y 54 años, las más afectadas

La distribución por edades muestra que el endeudamiento irregular golpea especialmente a la población que atraviesa sus principales años de actividad laboral. Según el relevamiento, el 70,8% de las personas con deudas impagas tiene entre 25 y 54 años, lo que representa aproximadamente 4,29 millones de argentinos.

Se trata de una franja etaria en la que se concentra buena parte de las responsabilidades económicas de los hogares, desde la crianza y el sostenimiento familiar hasta los gastos de vivienda, alimentación, transporte, educación y salud.

Este dato adquiere especial relevancia porque evidencia que el problema no está circunscripto a personas alejadas del mercado laboral, sino que afecta de manera significativa a sectores que integran la población económicamente activa.

La presencia de millones de personas con dificultades crediticias en esas edades también plantea consecuencias para el consumo futuro, debido a que los incumplimientos pueden restringir el acceso al financiamiento y condicionar decisiones económicas de mediano y largo plazo.

Un mapa federal de la crisis de pagos

El informe también identifica importantes diferencias territoriales en los niveles de morosidad. Las tasas de irregularidad más elevadas se registran en La Rioja, con el 23,8%; Santa Cruz, con el 21,7%; y Catamarca y San Luis, ambas con el 21,5%.

Sin embargo, las provincias con mayor porcentaje de incumplimientos no coinciden necesariamente con aquellas que presentan los saldos promedio de deuda más altos.

En ese último indicador aparecen Tierra del Fuego, con un promedio de 4,98 millones de pesos por deudor; Santa Cruz, con 4,41 millones; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 4,11 millones. El promedio nacional se ubica en aproximadamente 2,56 millones de pesos.

Las diferencias muestran que el endeudamiento presenta características heterogéneas según la región, tanto por la proporción de personas que registran atrasos como por el volumen de las obligaciones pendientes.

En el análisis por entidades, el CEPA señala niveles particularmente elevados de irregularidad en determinados bancos orientados al financiamiento del consumo, como Banco Sáenz, con el 51,3%, y Banco de Servicios Financieros, vinculado a Carrefour, con el 50,4%.

En el segmento de proveedores no financieros se registran porcentajes todavía mayores, entre ellos Mins, con el 91%; Crediar-Cetrogar, con el 76,3%; Credikot, con el 75,6%; y Musimundo, con el 63,5%.

Estas diferencias permiten advertir que el deterioro crediticio no afecta de manera uniforme a todas las entidades, sino que adquiere particular intensidad en determinados segmentos vinculados con el crédito al consumo.

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