La Defensoría bonaerense, sin recambio a la vista: Lorenzino podría quedarse hasta 2028

La Legislatura bonaerense no logra ponerse de acuerdo para renovar las autoridades de la Defensoría del Pueblo y la salida que más suena es estirar los mandatos actuales hasta 2028.

Guido Lorenzino y los ocho defensores adjuntos que lo acompañan están por terminar su período, pero en los bloques no hay consenso para definir quiénes los reemplazarán. Y sin acuerdo, nadie quiere dejar al organismo sin conducción.

El fantasma de la Defensoría nacional

El fantasma que sobrevuela es lo que pasó a nivel nacional: la Defensoría del Pueblo de la Nación lleva desde 2009 sin un titular designado. En la Provincia, un vacío así dejaría al organismo sin poder impulsar amparos, iniciar acciones judiciales o intervenir en defensa de los vecinos.

Lorenzino asumió en 2017, con María Eugenia Vidal como gobernadora, y en 2022 consiguió seguir en el cargo con el aval de la Legislatura, ya bajo la gestión de Axel Kicillof. En esa misma votación se amplió la estructura: de tres adjuntos se pasó a ocho, como parte del reparto político de entonces.

Un organismo con peso político y presupuestario

El interés por la Defensoría no es solo institucional. El año que viene manejará un presupuesto de más de $45.000 millones y cuenta con la posibilidad de abrir delegaciones en los municipios, algo clave para cualquier fuerza que quiera tener presencia en el territorio.

Sin consenso y con el calendario electoral encima

Pero la negociación está trabada. En la Legislatura ya dan por descartado que haya una definición antes de fin de año, y tampoco ven chances en los primeros meses de 2027, con la campaña electoral encima. Por eso, la idea de prorrogar hasta 2028, cuando haya otra composición legislativa, empieza a tomar fuerza.

La Constitución provincial marca que el Defensor dura cinco años y solo puede ser reelegido una vez. Los adjuntos, en cambio, dependen de la ley del organismo, lo que deja margen para discutir su continuidad.

Una negociación que podría ser más amplia

En el medio, también se habla de meter el tema en una negociación más grande. Ahí entrarían las cuatro vacantes de la Suprema Corte y la vuelta de las reelecciones indefinidas para intendentes. No todos en el peronismo están de acuerdo con ese paquete, pero el debate del Presupuesto podría ser el lugar donde se intenten destrabar varias de estas discusiones juntas.

El conflicto por las vacantes judiciales

Y todo esto salpica a Kicillof. A fines del año pasado había un principio de acuerdo para repartir las vacantes judiciales entre peronismo y radicalismo, pero el gobernador nunca mandó los pliegos. Desde la oposición y parte del oficialismo lo acusan de no cumplir, mientras que en la Gobernación aseguran que el diálogo se rompió por los enfrentamientos políticos de principios de año.