Los impuestos llegan al debate en la Legislatura bonaerense

El Gobierno de Axel Kicillof se prepara para afrontar una de las discusiones centrales del cierre del año legislativo: la aprobación de la Ley Fiscal Impositiva 2027, una iniciativa que busca sostener la estructura tributaria vigente sin incrementar, según el Poder Ejecutivo, la presión fiscal en términos reales, aunque introduce modificaciones que tendrán impacto sobre determinados trámites y obligaciones de los contribuyentes bonaerenses.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, será uno de los principales encargados de defender el proyecto ante los legisladores, en el marco de una negociación que también comprende el Presupuesto 2027 y la autorización solicitada por el Ejecutivo para contraer endeudamiento por 1.000 millones de dólares.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía provincial, Pablo López, y propone mantener las alícuotas de Ingresos Brutos, Sellos y los principales impuestos patrimoniales, al tiempo que actualiza los valores utilizados para determinar las obligaciones tributarias.

Ingresos Brutos: continuidad y alivio para las pymes

Uno de los principales puntos del proyecto establece que no habrá modificaciones en las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos, aunque sí se actualizarán los montos de facturación anual que permiten acceder a tratamientos reducidos. La medida apunta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que podrán conservar determinadas condiciones tributarias aun cuando sus ingresos nominales aumenten como consecuencia de la inflación.

El criterio busca evitar que la actualización de precios provoque automáticamente el desplazamiento de contribuyentes hacia escalas impositivas superiores, sin que necesariamente exista una mejora real en su actividad económica.

La iniciativa también incorpora una modificación para las universidades públicas que desarrollen exclusivamente actividades exentas de Ingresos Brutos, al liberarlas de la obligación de presentar las declaraciones juradas correspondientes a ese gravamen.

Patentes e Inmobiliario: las claves del nuevo esquema

En el Impuesto Automotor, el Ejecutivo propone conservar la tabla de alícuotas vigente durante 2026, por lo que el monto efectivo a pagar continuará dependiendo de la valuación fiscal de cada vehículo. También se mantienen los beneficios vinculados con el buen cumplimiento y el pago anticipado de cuotas.

El esquema da continuidad a la reducción nominal de alícuotas introducida durante el ejercicio anterior, cuando se modificaron los rangos aplicables a las patentes.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, el Gobierno sostiene que las actualizaciones previstas no representarán incrementos reales de la carga tributaria, dado que las escalas y bases imponibles se ajustarán de acuerdo con los parámetros contemplados en el proyecto.

Sin embargo, el nuevo esquema incluye modificaciones relevantes para el Inmobiliario Rural. El coeficiente sobre la valuación fiscal de la tierra libre de mejoras pasará de 12,0584 a 15,7965, mientras que para edificios y mejoras gravadas aumentará de 15,0727 a 19,7453.

Estos cambios forman parte de la actualización del mecanismo de determinación del tributo y obligarán a examinar su impacto concreto sobre las partidas rurales. En el caso del Impuesto de Sellos, el Ejecutivo propone mantener las alícuotas vigentes, sin incorporar nuevos gravámenes sobre contratos, escrituras y operaciones financieras.

Trámites más caros: el otro costado de la reforma

Aunque el discurso oficial pone el acento en la continuidad de las alícuotas, el proyecto contempla aumentos en las tasas retributivas de servicios administrativos y judiciales. El valor de la Unidad Tributaria pasará de 275 a 360 pesos, lo que representa un incremento nominal cercano al 31%. A esa actualización se suma, en determinados trámites, un aumento de la cantidad de unidades exigidas.

Por ejemplo, un certificado catastral que actualmente requiere 44,30 unidades pasará a demandar 50,76. Con los valores previstos, su costo aumentaría de aproximadamente 12.183 a 18.274 pesos, una suba cercana al 50%.

Para contraer matrimonio, la cantidad de unidades tributarias pasaría de 16,80 a 33,30, elevando el importe de 4.620 a 11.988 pesos, siempre que el esquema sea aprobado sin modificaciones.

La diferencia permite observar que mantener las alícuotas de los grandes impuestos no significa necesariamente que todos los costos tributarios o administrativos permanezcan estables en términos reales.

Juego online y recursos municipales

La propuesta también incorpora modificaciones relacionadas con los aportes derivados de las apuestas y los premios. Actualmente existe un sistema de contribuciones sobre determinados juegos de resolución inmediata. La iniciativa busca extender ese esquema a las ganancias provenientes de plataformas de juego online, con porcentajes que podrán distribuirse entre los 135 municipios bonaerenses mediante el Coeficiente Único de Distribución.

Se trata de un punto especialmente sensible, en medio de la creciente preocupación por el avance de las apuestas digitales y sus efectos sobre adolescentes y jóvenes.

La incorporación de recursos vinculados con el juego online abre, además, un debate sobre el destino de los fondos públicos provenientes de una actividad que también demanda mayores políticas de prevención, regulación y atención de consumos problemáticos.

Una negociación que excede los impuestos

La discusión de la Ley Fiscal Impositiva no puede separarse del Presupuesto provincial ni de la autorización de endeudamiento solicitada por el Gobierno. Kicillof necesita construir acuerdos legislativos para aprobar las herramientas económicas de su administración, en un escenario atravesado por las disputas con la Nación, las necesidades financieras de los municipios y los reclamos de distintos sectores productivos.

El Ejecutivo buscará defender la continuidad de su política tributaria y demostrar que las actualizaciones propuestas no implican una mayor presión fiscal en términos reales.

La oposición, por su parte, tendrá la oportunidad de discutir el impacto efectivo de los impuestos y las tasas sobre las familias, los comercios y las actividades económicas.