Transporte defendió la suba del 16% en los fletes de granos y rechazó las críticas del campo

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires salió a responder los cuestionamientos formulados por entidades del sector agropecuario tras la decisión de establecer un incremento del 16% en la tarifa de referencia para el transporte de granos. Desde la administración de Axel Kicillof rechazaron las acusaciones de arbitrariedad, defendieron la legalidad del procedimiento y aseguraron que el porcentaje fijado surgió del análisis de los costos presentados durante las negociaciones entre transportistas y representantes de los sectores dadores de carga.

La controversia se desató después de la reunión de la Comisión Asesora del Transporte de la Producción del Agro, realizada el jueves 12 de noviembre, donde las diferencias entre las partes impidieron alcanzar un entendimiento sobre la actualización de los valores. Frente a esa situación, la cartera provincial resolvió establecer una recomposición del 16%, lo que provocó el rechazo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Coninagro y el Centro de Acopiadores de Cereales.

Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la intervención no constituyó una decisión improvisada ni ajena a los mecanismos institucionales de negociación, sino que respondió a las facultades legales del Ministerio y a la necesidad de proporcionar previsibilidad a una actividad fundamental para el funcionamiento de la economía agropecuaria bonaerense.

La provincia defendió los fundamentos técnicos

La cartera de Transporte explicó que durante el encuentro todos los sectores pudieron expresar sus posiciones y presentar los estudios de costos elaborados por sus respectivas organizaciones. También señaló que el Estado provincial contaba con un análisis técnico propio que podía ponerse a consideración de la mesa si las diferencias impedían alcanzar un acuerdo.

El punto central de la respuesta oficial estuvo relacionado con el porcentaje finalmente establecido. Mientras las entidades rurales sostuvieron que el 16% superaba incluso la pretensión de los propios transportistas, el Ministerio aseguró que esa afirmación no reflejaba los valores contenidos en los estudios técnicos presentados por las organizaciones del sector.

De acuerdo con información difundida desde el Gobierno bonaerense, los cálculos de actualización de costos expuestos por distintas cámaras transportistas contemplaban porcentajes superiores al finalmente establecido: la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (FATRAC) había presentado un 16,95%, la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (ATCADE), un 18%, y la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), un 17%.

En ese contexto, la Provincia sostuvo que el 16% no excedió las necesidades de recomposición expresadas en los estudios de costos de las entidades transportistas. También recordó que, durante negociaciones anteriores, una actualización del 14% había obtenido un consenso mayoritario dentro de la Comisión.

La diferencia entre las posiciones expone uno de los principales puntos de la controversia: mientras las entidades agropecuarias cuestionan la resolución a partir de las propuestas efectuadas durante la negociación, el Ejecutivo fundamenta su decisión en los costos técnicos presentados por los distintos sectores.

El reclamo de las entidades rurales

CARBAP, Coninagro y el Centro de Acopiadores de Cereales manifestaron su rechazo a la decisión del Ministerio y cuestionaron el procedimiento utilizado para establecer la nueva tarifa orientativa.

Según explicaron, las organizaciones dadoras de carga habían presentado inicialmente una propuesta de actualización del 8,3%, basada en sus propios cálculos sobre la evolución de los costos del transporte. Posteriormente elevaron ese ofrecimiento al 11,5%, con la intención de acercar posiciones y facilitar un acuerdo.

Las entidades sostuvieron que los representantes transportistas habían solicitado una recomposición del 15% y consideraron que la intervención ministerial, al fijar el incremento en el 16%, terminó estableciendo un valor superior al que se discutía entre las partes.

También cuestionaron que la resolución se adoptara mediante un laudo, mecanismo por el cual la autoridad provincial interviene para resolver una diferencia que no pudo ser superada durante las negociaciones.

El planteo agropecuario no se limitó al porcentaje de actualización, sino que incluyó objeciones sobre el papel del Estado en una mesa de discusión integrada por sectores con intereses económicos diferentes.

Frente a esos cuestionamientos, el Gobierno bonaerense insistió en que las actuaciones se desarrollaron dentro de los procedimientos institucionales previstos y que la decisión tuvo respaldo técnico.

Quequén, el antecedente que volvió al centro de la discusión

Uno de los aspectos más relevantes de la respuesta oficial estuvo vinculado con el conflicto registrado en abril en el Puerto de Quequén, cuando las protestas de transportistas y los bloqueos en los accesos portuarios afectaron durante más de veinte días el movimiento de cargas y la actividad vinculada con la comercialización de granos.

Aquella disputa había comenzado en medio de los desacuerdos por la actualización de las tarifas de referencia y se prolongó pese a la existencia de un entendimiento mayoritario que contemplaba una recomposición del 14%.

Mientras algunas organizaciones habían aceptado ese porcentaje, sectores de transportistas autoconvocados de la zona de Necochea consideraban insuficiente la actualización y mantuvieron las medidas de fuerza, lo que complicó el normal funcionamiento de la terminal portuaria.

La intervención del Ministerio de Transporte permitió avanzar hacia un acuerdo regional que contempló una actualización del 16% y facilitó el levantamiento de las protestas.

Las entidades rurales recuperaron aquel episodio en sus cuestionamientos actuales y señalaron que el Gobierno había avalado un porcentaje que no contaba con el respaldo de las organizaciones dadoras de carga que integraban la mesa provincial.

Desde Transporte rechazaron esa interpretación y aclararon que su participación respondió a una convocatoria destinada a destrabar un conflicto que llevaba varias semanas sin resolverse.

El Ejecutivo también destacó que las gestiones involucraron a representantes de los distintos sectores, incluidos los dadores de carga, y que el resultado permitió restablecer la circulación y normalizar la actividad portuaria.

La Provincia sostuvo que no impulsó una negociación paralela por fuera de los ámbitos institucionales, sino que intervino para facilitar el diálogo entre las partes y contribuir a una salida consensuada.

Otro de los puntos que el Gobierno buscó dejar en claro está relacionado con el alcance de la actualización establecida.

El Ministerio recordó que las tarifas de transporte de granos tienen carácter orientativo, por lo que el porcentaje determinado constituye una referencia para el sector y no un precio obligatorio que deba aplicarse automáticamente en todas las operaciones comerciales.

Esto significa que productores, acopiadores y transportistas conservan la posibilidad de negociar libremente las condiciones económicas de cada contratación, de acuerdo con las particularidades del servicio, las distancias, los recorridos y los acuerdos alcanzados entre quienes ofrecen y demandan el transporte..