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Zona Fría: revés judicial para Nación por el recorte del subsidio al gas
09:02 | La Cámara Federal de Mar del Plata habilitó a la Defensoría del Pueblo a continuar con el amparo colectivo contra la eliminación del descuento del 30% en las facturas de gas. El fallo revocó el rechazo inicial de la demanda, aunque todavía no resolvió la restitución del beneficio.
La disputa judicial por la eliminación del Régimen de Zona Fría sumó un nuevo capítulo en Mar del Plata, donde la Cámara Federal de Apelaciones revocó una resolución de primera instancia y reconoció la legitimidad de la Defensoría del Pueblo municipal para continuar con una acción colectiva contra el recorte del beneficio tarifario dispuesto por el Gobierno nacional.
La decisión representa un avance para el reclamo impulsado por el organismo encabezado por Marcelo Lacedonia, que busca proteger a los usuarios residenciales afectados por la pérdida del descuento automático del 30% en sus facturas de gas.
El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín, consideró que la Defensoría tiene facultades para intervenir en representación de los vecinos, pese a que la controversia se origina en una legislación de alcance nacional.
La resolución modifica el escenario procesal del expediente, que había quedado frenado después de que el Juzgado Federal N° 4 rechazara la demanda por considerar que el organismo municipal carecía de legitimación para promoverla ante la Justicia federal.
Un fallo que permite discutir el fondo del reclamo
El conflicto judicial se originó a partir de las modificaciones introducidas mediante la Ley 27.828, que afectaron la continuidad del beneficio tarifario para usuarios de determinadas regiones del país.
En Mar del Plata, la pérdida del descuento implica un incremento en el monto que deben afrontar los hogares por el consumo de gas natural, un servicio especialmente importante durante los meses de bajas temperaturas.
La Cámara Federal entendió que, aunque se cuestione una disposición nacional, sus consecuencias no alcanzan de manera uniforme a toda la población argentina, sino que repercuten específicamente sobre determinados territorios.
Ese carácter territorial fue considerado suficiente para reconocer la intervención de la Defensoría del Pueblo en defensa de los usuarios afectados.
Los magistrados también señalaron que el rechazo de una demanda sin analizar su contenido debe reservarse para situaciones excepcionales, dado que una interpretación excesivamente restrictiva podría obstaculizar el acceso a la Justicia.
La resolución coincidió con el criterio expresado por la Fiscalía General, que había respaldado la legitimidad del organismo municipal para impulsar la acción colectiva.
El descuento del 30%
El Régimen de Zona Fría fue concebido como una herramienta para reconocer las mayores necesidades de calefacción que presentan determinadas regiones argentinas por sus condiciones climáticas. Su aplicación permite reducir el costo del servicio de gas para los hogares incluidos en el esquema, mientras que las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional generaron reclamos de usuarios, organizaciones y autoridades locales.
En Mar del Plata, la controversia se concentra en la eliminación del descuento automático del 30%, cuya continuidad reclama la Defensoría.
El organismo sostiene que el recorte afecta directamente la economía de las familias y cuestiona la pérdida de una herramienta de protección tarifaria vinculada con las características climáticas de la región.
La discusión cobra particular relevancia en un escenario en el que los gastos asociados con los servicios públicos representan una parte significativa de los presupuestos familiares.
La Justicia deberá resolver la medida cautelar
Con la decisión de la Cámara Federal, el expediente regresará al Juzgado Federal N° 4, que deberá analizar la solicitud de una medida cautelar y determinar la continuidad del trámite colectivo.
La presentación está dirigida contra el Estado nacional, el organismo regulador del sector energético y Camuzzi Gas Pampeana, con el propósito de frenar la eliminación del beneficio.
Es importante señalar que la resolución de segunda instancia no ordenó restituir automáticamente el descuento ni declaró inválida la normativa cuestionada. Su alcance se limita, por ahora, a reconocer que la Defensoría del Pueblo puede promover la acción judicial. De esta manera, el resultado definitivo permanece pendiente y dependerá de las próximas decisiones del juzgado.
