El campo estalló contra el aumento de los fletes dispuesto por Kicillof

La decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de establecer un incremento del 16% en la tarifa de referencia del transporte de granos desató un fuerte enfrentamiento con entidades rurales y agroindustriales, que acusaron al Ministerio de Transporte de intervenir arbitrariamente en una negociación que todavía se encontraba abierta y de fijar un porcentaje superior al reclamado por las propias cámaras transportistas.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Coninagro y el Centro de Acopiadores de Cereales expresaron conjuntamente su rechazo al laudo dispuesto por la administración de Axel Kicillof, luego de la reunión de la Comisión de Transporte de Granos celebrada el jueves 12 de noviembre.

El conflicto se originó por las diferencias entre los valores calculados por las partes para actualizar las tarifas vigentes desde abril. Mientras las entidades que contratan el transporte ofrecieron inicialmente un incremento del 8,3%, que identificaron con la evolución de los costos reales, y posteriormente elevaron su propuesta hasta el 11,5%, las organizaciones transportistas pretendían una actualización del 15%.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte terminó fijando una suba del 16%, decisión que profundizó el malestar de los representantes del sector agropecuario.

Una negociación atravesada por los antecedentes de abril

Las entidades recordaron que el conflicto tiene antecedentes directos en la discusión tarifaria desarrollada durante abril, cuando la Mesa de Transporte de La Plata había alcanzado un acuerdo para incrementar los valores un 14%.

Según señalaron, aquel entendimiento fue posteriormente desconocido en medio de protestas y amenazas de bloqueos de rutas y puertos por parte de sectores transportistas y fleteros autoconvocados.

En ese contexto, durante una reunión realizada en Necochea, la Provincia avaló una actualización del 16%, que no contó con la conformidad de las entidades dadoras de carga.

Para CARBAP, Coninagro y el Centro de Acopiadores, aquella resolución marcó el comienzo de un deterioro en el funcionamiento institucional de la mesa de negociación, escenario que consideran profundizado por la intervención de esta semana.

Acusan al Ministerio de privilegiar la presión sobre el diálogo

La principal crítica de las organizaciones rurales apunta al mecanismo utilizado por el Gobierno bonaerense para resolver la controversia.

De acuerdo con su comunicado, las autoridades provinciales justificaron el laudo del 16% en la necesidad de evitar un posible conflicto con el sector transportista.

Las entidades cuestionaron esa explicación y advirtieron que establecer un incremento superior al solicitado por los transportistas podría generar incentivos para futuras medidas de presión.

"Le confirma a cada parte que la presión ofrece mejores resultados que la concertación", sostuvieron al rechazar la decisión ministerial.

También manifestaron que durante el encuentro se advirtió sobre la posibilidad de recurrir a un laudo si las partes no llegaban a un acuerdo, procedimiento que finalmente fue aplicado.

El rechazo quedó asentado en el acta oficial de la reunión, según explicaron los representantes agropecuarios.

El costo del transporte y la discusión por las tarifas

La controversia se produce en un sector donde el costo del traslado de cereales y oleaginosas constituye una variable relevante para la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, especialmente en aquellas localidades alejadas de los principales centros de acopio y terminales portuarias.

Cada modificación en las tarifas del transporte puede repercutir sobre los costos de comercialización y los márgenes que reciben los productores, aunque su impacto depende de las distancias recorridas, los volúmenes transportados y las condiciones acordadas entre las partes.

Las organizaciones rurales insistieron en que la legislación bonaerense establece el carácter orientativo de las tarifas de referencia, por lo que no constituyen valores obligatorios para todas las operaciones.

En consecuencia, recomendaron a productores y empresas acopiadoras consultar las tarifas locales antes de contratar servicios y negociar individualmente las condiciones de traslado.

Un conflicto que pone en discusión el papel del Estado

Más allá de las diferencias porcentuales, la controversia dejó expuesta una disputa sobre el funcionamiento de los espacios de negociación sectorial y el papel que debe desempeñar el Gobierno provincial cuando no existe consenso entre las partes.

Las entidades denunciaron que la intervención ministerial debilitó la confianza en la comisión y cuestionaron que una decisión unilateral pudiera reemplazar el proceso de concertación.

La posición de las cámaras transportistas y los fundamentos técnicos completos del Ministerio de Transporte resultan necesarios para dimensionar el conflicto y establecer las razones de la actualización dispuesta.