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25 de Mayo aprobó una ordenanza para regular medios digitales y combatir las fakes news
17:27 | El Concejo Deliberante creó un registro de medios digitales que exige identificar a sus responsables editoriales. La inscripción será necesaria para acceder a acreditaciones y pauta oficial, una disposición que abre interrogantes sobre sus alcances y la libertad de prensa.
El Concejo Deliberante de 25 de Mayo aprobó una ordenanza destinada a establecer nuevas reglas de transparencia y responsabilidad para los medios de comunicación digitales que difunden información sobre el distrito. La iniciativa busca combatir la desinformación, desalentar el anonimato en la circulación de noticias y promover mecanismos de identificación editorial y derecho a réplica.
El proyecto fue impulsado por el interbloque peronista e incorporó el Programa de Responsabilidad Comunicacional y Protección de la Salud Mental, una propuesta del periodista y docente Leonardo Baldo.
La norma introduce obligaciones para portales informativos y perfiles de redes sociales que publiquen regularmente noticias u opiniones sobre asuntos de interés público local.
Un registro obligatorio para los medios digitales
El eje central de la ordenanza es la creación del Registro Municipal de Medios Digitales (RMMD), en el que deberá identificarse a una persona responsable de las publicaciones.
La inscripción exigirá consignar el nombre del editor responsable, su Documento Nacional de Identidad y un domicilio real dentro del distrito.
De acuerdo con el texto difundido, el municipio y el Concejo Deliberante reconocerán como interlocutores de prensa, otorgarán acreditaciones oficiales y asignarán publicidad institucional únicamente a los medios digitales registrados.
Este punto constituye uno de los aspectos más relevantes de la regulación, dado que vincula el acceso a determinadas herramientas institucionales y recursos públicos con el cumplimiento de requisitos administrativos.
Derecho a réplica y archivo de publicaciones
La norma establece que los medios inscriptos deberán conservar durante un mínimo de dos años un archivo digital de sus publicaciones.
También tendrán que habilitar mecanismos visibles para que personas o instituciones afectadas por informaciones presuntamente inexactas puedan ejercer su derecho a réplica.
El régimen incorpora principios de veracidad, pluralidad, buena fe informativa e identificación de responsables editoriales, al tiempo que declara garantizar la libertad de expresión sin censura previa.
En materia de salud mental, exige criterios preventivos para informar sobre tragedias y situaciones sensibles, incluyendo la utilización de protocolos de comunicación responsable y la difusión de recursos de asistencia.
Además, el municipio promoverá acciones de acompañamiento legal para periodistas registrados que sufran hostigamiento digital vinculado con el ejercicio profesional.
Una campaña contra la desinformación
La ordenanza incluye la realización de una campaña anual de alfabetización digital denominada "Poner la Cara", destinada a promover una lectura crítica de los contenidos publicados en internet y concientizar sobre la responsabilidad de quienes difunden información.
Una vez promulgada la norma, los medios digitales que actualmente reciben publicidad oficial tendrán un plazo de sesenta días corridos para completar su inscripción.
Los medios convencionales de comunicación quedan expresamente excluidos del nuevo régimen.
El debate sobre la libertad de prensa
Aunque la iniciativa se presenta como una herramienta para enfrentar la desinformación y fortalecer la responsabilidad editorial, también plantea interrogantes respecto de sus alcances.
La exigencia de registrarse para obtener acreditaciones y acceder a publicidad oficial abre una discusión sobre la igualdad de trato entre medios de comunicación, la autonomía editorial y las facultades de los gobiernos locales para establecer condiciones sobre el ejercicio de la actividad informativa.
La prevención de noticias falsas constituye un objetivo legítimo, pero su implementación requiere resguardar especialmente la libertad de expresión, el derecho a buscar y difundir información y la prohibición de restricciones indirectas sobre la actividad periodística.
En ese sentido, el funcionamiento efectivo del registro y los criterios utilizados para reconocer medios y distribuir recursos públicos serán determinantes para evaluar los efectos de la nueva normativa.
