Sin quórum, se frenó el debate sobre apuestas online en Diputados

La discusión sobre la regulación de las apuestas online volvió a quedar atravesada por las disputas políticas dentro del oficialismo bonaerense. Este jueves, la comisión de Prevención de Ludopatía, Juegos de Azar y Lotería de la Cámara de Diputados de la Provincia no consiguió reunir el quórum necesario para sesionar, por lo que quedó postergado el tratamiento de una serie de iniciativas, entre ellas un proyecto impulsado por legisladores de La Cámpora para establecer un régimen integral de prevención y abordaje de los riesgos asociados al juego en línea.

Según informó Provincia Noticias, la reunión estaba prevista para después de las 10 de la mañana, pero no logró reunir la cantidad necesaria de legisladores para avanzar con el temario, lo que abrió nuevos interrogantes sobre las diferencias internas que genera la propuesta.

Un proyecto que incomoda al oficialismo

La iniciativa fue presentada por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, presidenta de la comisión, y busca fortalecer las herramientas de prevención, control y abordaje de las consecuencias que pueden provocar las apuestas digitales, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Su tratamiento generó tensiones en Unión por la Patria, donde distintos sectores mantienen posiciones críticas sobre la relación entre el Estado provincial y las empresas vinculadas con el juego online.

De acuerdo con la información publicada por Provincia Noticias, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, habría planteado reparos sobre el avance de la iniciativa. Sin embargo, no se difundió una explicación oficial que permita atribuir directamente la falta de quórum a una decisión del funcionario.

Las diferencias tomaron estado público cuando legisladores del Frente Renovador reclamaron conocer la posición del gobernador Axel Kicillof y cuestionaron lo que interpretan como una falta de definiciones del Ejecutivo.

El massismo reclama definiciones

Los diputados Alexis Guerrera y Roberto Vázquez fueron especialmente críticos con la situación.

Guerrera cuestionó a sectores de la Gobernación y les reclamó que no utilizaran el nombre de Sergio Massa como argumento para evitar el debate sobre las empresas de apuestas.

Por su parte, Vázquez planteó la necesidad de que Carlos Bianco mantenga una reunión con el bloque del Frente Renovador para definir la posición del Gobierno provincial y evitar que las diferencias sean utilizadas dentro de la interna de Unión por la Patria.

El planteo apunta a esclarecer qué modificaciones podrían recibir respaldo legislativo y cuáles generan resistencia, en un debate donde confluyen intereses económicos, facultades regulatorias y políticas de prevención de la ludopatía.

Una discusión atravesada por intereses económicos

Desde La Cámpora, Tignanelli defendió la necesidad de avanzar con una legislación más estricta y sostuvo que la discusión enfrenta intereses empresariales de gran peso económico.

"Sabemos que afectamos intereses, avisamos que no iba a ser fácil", expresó el legislador en redes sociales, donde cuestionó la influencia de las compañías vinculadas con las apuestas digitales.

El diputado también remarcó que la problemática tiene consecuencias sobre las comunidades y reclamó que los representantes políticos establezcan prioridades claras.

Olivetto, por su parte, confirmó que se convocó una nueva reunión de comisión para el próximo martes y advirtió sobre la necesidad de evitar nuevas postergaciones.

La discusión cobra especial relevancia por el crecimiento de las apuestas online y la preocupación de familias, instituciones educativas y organizaciones sociales frente al acceso de menores de edad a plataformas de juego.

Aunque la provincia de Buenos Aires ya cuenta con un esquema de habilitación y regulación de operadores de apuestas online, el proyecto propone ampliar el abordaje preventivo y fortalecer los controles frente a los riesgos asociados a esta actividad.

La falta de quórum volvió a dejar pendiente una discusión que excede la disputa entre sectores políticos y pone en debate la capacidad del Estado para proteger a las personas frente a prácticas potencialmente perjudiciales.