Malvinas: Argentina exigió frenar la explotación petrolera británica

La Argentina concluyó este miércoles su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, donde reclamó la suspensión urgente del proyecto de explotación petrolera Sea Lion, impulsado bajo autorización británica en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La delegación nacional sostuvo que el avance unilateral sobre recursos naturales ubicados en un territorio cuya soberanía permanece en disputa representa un riesgo de perjuicio irreparable y exige la intervención inmediata de la Justicia internacional.

Durante la segunda y última jornada de audiencias, los representantes argentinos cuestionaron los argumentos del Reino Unido y ratificaron que el procedimiento no pretende resolver directamente la controversia territorial, sino impedir que la explotación de hidrocarburos genere consecuencias irreversibles antes de que pueda intervenir el tribunal arbitral competente.

La discusión adquirió particular relevancia por el estado de avance de Sea Lion, un proyecto que contempla nuevas perforaciones, infraestructura submarina y una producción petrolera sostenida durante las próximas décadas.

La soberanía en disputa y el derecho sobre los recursos naturales

Uno de los principales argumentos argentinos fue desarrollado por el especialista en derecho internacional Marcelo Kohen, quien cuestionó la pretensión británica de administrar y explotar los recursos de la plataforma continental sin considerar la controversia de soberanía reconocida internacionalmente.

“La disputa por la soberanía no transforma las áreas marítimas alrededor de las Malvinas en una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca”, sostuvo durante su intervención.

El planteo recupera las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una controversia entre Argentina y el Reino Unido e instan a las partes a evitar decisiones unilaterales mientras permanezca pendiente su solución.

Desde esa perspectiva, la posición argentina sostiene que la explotación petrolera constituye una decisión que puede alterar definitivamente las condiciones de los recursos naturales comprendidos en el área disputada.

El Reino Unido, por su parte, defendió la legalidad de las actividades autorizadas en las islas y argumentó que los proyectos hidrocarburíferos forman parte de las facultades de administración ejercidas por las autoridades británicas. También cuestionó la urgencia invocada por Argentina, al sostener que las perforaciones y la extracción de petróleo todavía no comenzaron.

El riesgo ambiental y la advertencia sobre un daño irreversible

La cuestión ambiental ocupó un lugar central en los argumentos nacionales. El profesor Nico Schrijver explicó que el proyecto dejó de ser una posibilidad exploratoria para convertirse en una iniciativa concreta de producción, con instalaciones permanentes y una proyección de extracción de cientos de millones de barriles.

El especialista advirtió que la perforación de nuevos pozos puede generar consecuencias imposibles de revertir mediante una decisión judicial posterior, tanto por la utilización de recursos no renovables como por los potenciales impactos sobre el ecosistema marino.

En ese contexto, la delegación insistió en que la intervención del Tribunal debe producirse antes de que comiencen las actividades cuya suspensión reclama Argentina.

La advertencia fue sintetizada en una expresión dirigida a los magistrados: “Es ahora o nunca”, una definición que buscó transmitir la urgencia del caso y la necesidad de adoptar medidas preventivas.

Las medidas solicitadas por Argentina

El cierre de la exposición argentina estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente designado ante el Tribunal, quien reafirmó que el país había presentado fundamentos suficientes para acreditar la competencia preliminar del futuro tribunal arbitral, la plausibilidad de sus derechos, el riesgo de un perjuicio irreparable y la necesidad de una intervención urgente.

La presentación incluyó el pedido de impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas con Sea Lion, evitar la utilización de información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos y garantizar que el país pueda cumplir con sus obligaciones de protección del medio marino.

También solicitó prevenir nuevas autorizaciones o medidas que puedan agravar la controversia internacional.

Oyarzábal rechazó los intentos británicos de presentar el procedimiento como una discusión destinada a resolver directamente la soberanía territorial y sostuvo que las medidas reclamadas apuntan a preservar derechos mientras continúa la instancia arbitral.

Además, ratificó la disposición argentina a retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido, en el marco de una controversia cuya resolución definitiva continúa pendiente.

El Tribunal prevé pronunciarse el 28 de noviembre

Concluidas las audiencias del 10 y 11 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar inició la etapa de deliberación. De acuerdo con la información publicada oficialmente por el organismo, la lectura de su decisión está prevista, de manera tentativa, para el sábado 28 de noviembre de 2026, al mediodía de Hamburgo.

La resolución determinará si corresponde adoptar las medidas provisionales solicitadas por Argentina, concederlas parcialmente o rechazar el planteo. En cualquier caso, no constituirá una sentencia definitiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

La controversia continuará mediante el procedimiento arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, mientras la Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.