Fotomultas: oficialismo y oposición buscan frenar irregularidades y limitar el negocio privado

La regulación de las fotomultas volvió a instalarse en la agenda legislativa bonaerense a partir de un encuentro entre el ministro de Transporte, Martín Marinucci, y los diputados Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, y Matías Civale, de UCR + Cambio Federal, quienes acordaron conformar una mesa de trabajo para analizar modificaciones al funcionamiento de los radares y los mecanismos de fiscalización electrónica de infracciones.

La reunión permitió acercar posiciones entre representantes del oficialismo y la oposición sobre una problemática que genera cuestionamientos por la transparencia de los procedimientos, la participación de empresas privadas y la necesidad de garantizar que las sanciones respondan a objetivos de seguridad vial y no a intereses económicos.

“Coincidimos en la necesidad de ordenar el sistema de radares y fotomultas en la provincia de Buenos Aires y acordamos avanzar, a través de nuestros equipos de trabajo, en la actualización de la legislación vigente”, expresó De Leo, titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja.

Civale, por su parte, destacó la importancia del diálogo institucional y sostuvo que “estamos en el momento en que la búsqueda de acuerdos es lo principal”, al valorar la posibilidad de encontrar puntos de coincidencia más allá de las diferencias partidarias.

Radares señalizados y controles para evitar abusos

Uno de los proyectos que integran la discusión fue presentado por De Leo en septiembre y propone modificar la Ley provincial 13.927, estableciendo nuevas condiciones para la instalación y utilización de cinemómetros en rutas, accesos y zonas urbanas.

La iniciativa plantea que todos los radares cuenten con homologación y sean sometidos a verificaciones técnicas periódicas, con intervalos máximos de seis meses. También contempla la creación de un registro público que permita conocer la ubicación de cada equipo, su número de serie, las autorizaciones correspondientes y las certificaciones técnicas que acrediten su funcionamiento.

Otro aspecto central es la señalización preventiva, ya que propone instalar cartelería visible y uniforme al menos 500 metros antes de los puntos de control de velocidad, además de garantizar que los límites permitidos estén claramente identificados y que las reducciones se implementen de manera gradual.

El proyecto establece un plazo de 90 días para adecuar los dispositivos existentes y contempla la anulación de las infracciones registradas mediante equipos que no cumplan con las nuevas exigencias, siempre que la reforma llegue a convertirse en ley.

“La selección de los puntos de fiscalización no debe responder a criterios discrecionales o recaudatorios”, sostuvo De Leo, quien cuestionó la utilización de controles como mecanismos para incrementar los ingresos en lugar de prevenir siniestros viales.

La propuesta para limitar la intervención de empresas privadas

El segundo proyecto, presentado por Civale durante octubre, plantea modificar el artículo 28 de la Ley Provincial de Tránsito para delimitar las responsabilidades del Estado y de las empresas proveedoras de tecnología.

La iniciativa busca establecer que la ubicación de los radares, el procesamiento y la validación de los datos, así como la emisión y notificación de infracciones, queden bajo responsabilidad exclusiva de funcionarios públicos.

También propone prohibir los contratos que otorguen a empresas privadas comisiones, porcentajes o incentivos económicos calculados sobre la cantidad de infracciones detectadas o el monto efectivamente recaudado.

El objetivo es evitar que el beneficio comercial de los prestadores tecnológicos dependa del número de multas, una situación que, según el legislador, podría generar incentivos incompatibles con las finalidades preventivas de la política de seguridad vial.

“Las fotomultas tienen que servir para prevenir accidentes y salvar vidas, no para convertirse en un negocio de unos pocos”, advirtió Civale, quien aclaró que la propuesta no pretende eliminar los controles electrónicos, sino garantizar que funcionen con criterios técnicos, equipamiento homologado y supervisión estatal.

Una mesa de trabajo para construir consensos

Del encuentro participaron también los diputados Rubén Eslaiman y Roberto Vázquez, el senador Marcos Pisano, el subsecretario Damián Contreras y el director provincial Jorge Orzali, quienes acompañaron el análisis de las iniciativas y las posibilidades de actualización de la normativa.

Tras la reunión, Marinucci sostuvo que la fiscalización electrónica debe sostenerse sobre criterios de prevención, transparencia y seguridad vial, con la protección de la vida como objetivo central.

“La fiscalización debe ser una herramienta de prevención, transparencia y seguridad vial, con un objetivo central: cuidar la vida”, afirmó el ministro.