Crecen las críticas a la nueva declaración jurada mensual de PBA

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció un nuevo régimen de información laboral que alcanzará a los empleadores que desarrollen actividades en territorio bonaerense. La disposición incorpora una declaración jurada mensual que exigirá la presentación digital de documentación vinculada con los salarios, las jornadas laborales y los pagos efectuados a los trabajadores, una obligación que ya genera cuestionamientos por el incremento de las tareas administrativas y su posible superposición con los sistemas nacionales de registración.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo, encabezado por Walter Correa, publicada el 6 de noviembre en el Boletín Oficial provincial. La normativa crea el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos, denominado F.U.T.U.R.O., que tendrá carácter obligatorio y funcionará como una nueva herramienta de fiscalización de las relaciones laborales.

Una obligación que comenzará a regir en 2027

El cronograma establece que los empleadores podrán realizar una primera presentación voluntaria correspondiente a los salarios devengados durante diciembre de 2026. Sin embargo, a partir del período enero de 2027, cuya declaración vencerá en febrero, el cumplimiento será obligatorio para los sujetos alcanzados.

El régimen incluye a empleadores con domicilio legal o fiscal en Buenos Aires, empresas que exploten establecimientos dentro de la provincia y personas físicas o jurídicas que tengan trabajadores desempeñando tareas en esa jurisdicción.

Las presentaciones deberán realizarse mensualmente, a período vencido, mediante el Portal de Trabajo provincial y con firma digital. Aunque el procedimiento será gratuito, su implementación implicará nuevas obligaciones para las áreas administrativas y los estudios contables encargados de procesar la información laboral.

Recibos de sueldo, transferencias y registros de jornada

Entre los requisitos establecidos se encuentra la declaración de los montos salariales, diferenciando conceptos remunerativos, no remunerativos y remuneraciones netas. También se deberá informar el mecanismo utilizado para registrar las jornadas y los horarios de trabajo.

Uno de los aspectos que genera mayores cuestionamientos es la obligación de adjuntar archivos digitales que contengan la totalidad de los recibos de sueldo y las constancias de acreditación bancaria de los haberes correspondientes a cada trabajador.

Asimismo, deberán incorporarse los acuerdos relacionados con la compensación de horas extras, los bancos de horas y los mecanismos de descansos compensatorios, mientras que la documentación respaldatoria tendrá que conservarse durante un plazo mínimo de dos años desde que los créditos laborales resulten exigibles.

El debate por la duplicación de información

El principal cuestionamiento está relacionado con la existencia de mecanismos nacionales que ya obligan a los empleadores a informar salarios, aportes, contribuciones y otros datos vinculados con las relaciones laborales.

Actualmente, buena parte de esa información se encuentra incorporada a las declaraciones realizadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), particularmente mediante los sistemas de registración de trabajadores y el Libro de Sueldos Digital.

En este contexto, profesionales contables y representantes del sector empleador advierten sobre la superposición de procedimientos administrativos, que puede generar mayores costos operativos sin que necesariamente se traduzca en una mejora de los controles.

La resolución provincial, por su parte, apunta a fortalecer las facultades de inspección y fiscalización del Ministerio de Trabajo, una competencia fundamental para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores.