Las jubilaciones perdieron casi 13% de poder adquisitivo desde que asumió Milei

El poder adquisitivo de las jubilaciones argentinas continúa lejos de recuperar los niveles registrados antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Aunque los haberes experimentaron una leve mejora durante el último año, el ingreso promedio de los beneficiarios del sistema previsional acumula una pérdida real del 12,7% respecto de noviembre de 2023, una caída que se profundiza entre quienes perciben las prestaciones más bajas debido al congelamiento del bono extraordinario de $70.000.

Los datos surgen de un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que examinó la evolución de los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los ingresos de la Seguridad Social y la cantidad de trabajadores que realizan aportes al sistema.

Según el relevamiento, en septiembre de 2026 la jubilación promedio se ubicó en $912.336, con una recuperación real interanual del 1,3%. Sin embargo, esa mejora resulta insuficiente para compensar el deterioro acumulado desde fines de 2023, cuando la devaluación y la aceleración de los precios provocaron una fuerte caída del poder de compra.

El estudio muestra así una situación desigual: mientras algunas prestaciones registraron una recuperación parcial, los jubilados de menores ingresos continúan perdiendo capacidad adquisitiva, especialmente porque una parte de sus haberes permanece sin actualización desde hace más de dos años.

El bono congelado que castiga a casi tres millones de personas

Uno de los principales problemas identificados por ASAP es la decisión del Gobierno nacional de mantener en $70.000 el bono extraordinario que cobran quienes perciben los ingresos previsionales más bajos, un monto que no se modifica desde marzo de 2024.

En septiembre de 2026, la jubilación mínima con el refuerzo se ubicó cerca de los $499.000. Pese a los aumentos nominales establecidos mediante la fórmula de movilidad, el ingreso total de quienes reciben el adicional registró una caída real interanual del 7,4%, mientras que la comparación del promedio de los últimos doce meses arrojó un retroceso del 5,4%.

El problema radica en que, a diferencia del haber jubilatorio, el bono no se actualiza mensualmente de acuerdo con la inflación. De esta manera, su capacidad para complementar los ingresos se reduce progresivamente, incluso cuando la prestación principal recibe incrementos.

El deterioro alcanza a una proporción considerable de los beneficiarios. De acuerdo con ASAP, el 47,3% de los titulares de prestaciones del SIPA cobra el refuerzo, lo que representa aproximadamente 2,9 millones de personas.

La pérdida de importancia relativa del bono también queda reflejada en su evolución respecto de la jubilación mínima: mientras en diciembre de 2023 representaba el equivalente al 52% del haber mínimo, en abril de 2026 esa proporción se había reducido al 16,3%.

La UCA también advirtió sobre la pérdida de ingresos

El diagnóstico de ASAP coincide con las advertencias del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que analizó la evolución de los haberes más bajos y su impacto sobre las condiciones de vida de las personas mayores.

Según los datos correspondientes a octubre de 2026, la jubilación mínima con bono perdió el 4,7% de su poder adquisitivo durante los últimos doce meses. Además, su valor real representa apenas el 78% del promedio anual registrado en 2018, tomado como referencia en el estudio.

Las cifras reflejan las dificultades que enfrentan millones de jubilados para sostener sus gastos cotidianos, especialmente aquellos vinculados con alimentación, medicamentos, vivienda y servicios esenciales.

La recuperación parcial de los haberes durante los últimos meses tampoco alcanza para revertir completamente las pérdidas acumuladas. En septiembre, la movilidad jubilatoria del régimen general registró un incremento interanual del 33,8%, apenas superior a la inflación del 33,4%, lo que permitió una mejora real de solamente el 0,4%.

Menos trabajadores aportantes y un sistema bajo presión

El informe también advierte sobre otro fenómeno que compromete el financiamiento de la Seguridad Social: la disminución del empleo registrado y de los aportes que recibe el sistema previsional.

Durante el primer semestre de 2026 se perdieron 119.641 puestos de trabajo en relación de dependencia con aportes, lo que representa una reducción del 1,6%. A su vez, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el monto mensual de aportes y contribuciones por trabajador cayó un 2,5% en términos reales.

La reducción del empleo formal no solamente afecta a quienes pierden sus puestos de trabajo, sino que también repercute sobre los recursos destinados al sostenimiento de las jubilaciones y pensiones.

En los primeros nueve meses de 2026, los ingresos de la Seguridad Social, sin considerar las rentas de la propiedad, disminuyeron un 3,2% en términos reales respecto del mismo período del año anterior. Dentro de ese conjunto, los aportes y contribuciones registraron una caída todavía mayor, del 3,8%.

En paralelo, la cantidad de beneficiarios del SIPA también experimentó una leve disminución. Entre enero y septiembre de este año se contabilizaron 21.479 titulares menos, una reducción del 0,35%, mientras que la comparación interanual mostró una caída de 2.263 personas.

La evolución se produce después de la finalización, en marzo de 2025, de la moratoria previsional que había contribuido a ampliar el acceso a las prestaciones durante los años anteriores.

Un déficit de $7,5 billones y una deuda social pendiente

El deterioro de los ingresos previsionales se produce en un escenario de mayores dificultades para financiar el sistema. Según ASAP, las prestaciones del SIPA representaron el 69,4% del gasto total de la Seguridad Social, con un aumento real interanual del 0,4%.

Al mismo tiempo, el resultado financiero de esta función acumuló hasta septiembre de 2026 un déficit de $7,5 billones, equivalente al 11,2% de sus erogaciones.

Los números exponen una doble problemática: por un lado, la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de quienes dependen de una jubilación para vivir y, por el otro, la reducción de los recursos provenientes del empleo formal que contribuyen al sostenimiento del sistema.

Pese a las actualizaciones mensuales, el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 continúa condicionando los ingresos de las personas mayores, particularmente de quienes cobran la mínima y dependen del bono extraordinario.

Con una pérdida real del 12,7% en el haber promedio, cerca de tres millones de beneficiarios afectados por el congelamiento del refuerzo y una reducción sostenida de los aportes laborales, el sistema previsional enfrenta una situación que trasciende las estadísticas económicas: la dificultad creciente de garantizar ingresos suficientes a quienes dependen de la jubilación para cubrir sus necesidades básicas.