La histórica visita del papa León XIV a la Argentina dejó una controversia política que volvió a poner en discusión las prioridades del Gobierno nacional. El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó duramente al presidente Javier Milei por las comodidades destinadas a invitados especiales durante la misa papal y las contrapuso con las dificultades que enfrenta el Cottolengo Don Orione para garantizar la provisión de medicamentos e insumos a sus residentes.
El jefe comunal utilizó sus redes sociales para denunciar lo que considera una contradicción entre el despliegue organizado alrededor de la celebración religiosa y la respuesta estatal a las necesidades de las personas con discapacidad.
“Carpa VIP y catering para los cholulos en la misa del Papa y remedios impagos para las personas con discapacidad”, expresó Echarren, en referencia al establecimiento que León XIV eligió visitar durante su paso por el país.
El planteo adquirió especial relevancia porque el Cottolengo Don Orione se convirtió en uno de los símbolos de la visita pontificia, en un contexto marcado por los reclamos de las instituciones que brindan atención a personas con discapacidad y las dificultades para sostener sus prestaciones.
Echarren también recordó la intervención de la Justicia por los fondos destinados al establecimiento y señaló que fue necesario disponer un embargo sobre cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por $828 millones, correspondientes a reclamos por medicamentos e insumos del período comprendido entre marzo y junio de 2026.
Sin embargo, el conflicto presenta distintos momentos que deben diferenciarse. El Gobierno nacional informó el 29 de octubre que había regularizado el pago de los $828 millones correspondientes a ese período, después de la medida judicial.
No obstante, según declaraciones de la institución recogidas en una cobertura periodística publicada este 11 de noviembre, continuaba pendiente la provisión correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Se trata de obligaciones diferentes de las que motivaron el embargo original.
Esta distinción resulta central para comprender el alcance del conflicto: la regularización de los pagos reclamados judicialmente no implica necesariamente que hayan quedado resueltas todas las dificultades de abastecimiento denunciadas por la institución.
La crítica de Echarren apuntó especialmente al contraste entre las comodidades atribuidas al espacio reservado para invitados especiales durante la misa y las necesidades cotidianas de quienes dependen de instituciones dedicadas al cuidado y la asistencia.
El intendente cuestionó la distancia entre los mensajes de solidaridad, compromiso social y atención a las personas más vulnerables que atravesaron la visita de León XIV y las dificultades que, según denunció, siguen enfrentando quienes necesitan medicamentos y prestaciones esenciales.
La controversia también puso en primer plano una discusión más amplia sobre las prioridades presupuestarias y las responsabilidades del Estado respecto de las personas con discapacidad, en momentos en que las instituciones prestadoras reclaman condiciones que les permitan garantizar la continuidad de los servicios.
Mientras el Gobierno nacional destacó la regularización de los fondos correspondientes al embargo, los nuevos reclamos sobre la provisión de insumos mantienen abierto el interrogante acerca de la respuesta oficial frente a las necesidades del Cottolengo.