El ajuste golpea al corazón productivo bonaerense: más de 113 mil empleos registrados menos

La provincia de Buenos Aires perdió 113.167 puestos de trabajo registrados en unidades productivas y 9.151 empresas entre noviembre de 2023 y julio de 2026, de acuerdo con el último informe del Observatorio Económico bonaerense, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Los datos exponen la magnitud del deterioro que atraviesa el principal territorio productivo del país y reflejan las dificultades que enfrentan el empleo, la industria y el consumo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El relevamiento, publicado el 5 de noviembre con datos disponibles hasta octubre de 2026, analiza la evolución de los principales indicadores económicos y sociales provinciales y los compara con el desempeño nacional.

Según el estudio, los puestos de trabajo registrados perdidos en territorio bonaerense representan el 25,9% de los 437.611 que desaparecieron en unidades productivas del conjunto del país durante el mismo período.

Esto significa que más de uno de cada cuatro empleos registrados perdidos a nivel nacional correspondió a la provincia de Buenos Aires, una jurisdicción que concentra el 38% de la población argentina y una parte decisiva de su estructura industrial.

Más de nueve empresas menos por día

El deterioro del empleo estuvo acompañado por una reducción significativa de la cantidad de empleadores. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, Buenos Aires registró una pérdida neta de 9.151 empresas, equivalente a una disminución del 6% respecto del nivel inicial

La cifra representa el 28,3% de la caída nacional y equivale a una reducción neta superior a nueve unidades productivas por día.

El dato no implica necesariamente que cada baja corresponda a un cierre definitivo, pero sí demuestra una contracción sostenida del universo de empresas y empleadores registrados.

El retroceso resulta especialmente relevante en una provincia cuya economía depende en buena medida del entramado de pequeñas y medianas empresas, establecimientos manufactureros y actividades comerciales vinculadas con el consumo de las familias trabajadoras.

La pérdida de unidades productivas también afecta las posibilidades de recuperación del empleo, porque cada empresa que desaparece del registro implica una reducción de la capacidad de contratación y de generación de actividad económica.

Aumenta la desocupación y los jóvenes enfrentan mayores dificultades

El informe advierte que la evolución del empleo no logró acompañar el crecimiento de la población económicamente activa. Entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, la tasa de actividad bonaerense aumentó del 46,3% al 47,8%, mientras que la tasa de empleo pasó del 42,8% al 43,6%. Esa diferencia se tradujo en un incremento de la desocupación, que avanzó del 7,5% al 8,8%.

El estudio identifica a la población joven entre los sectores con mayores dificultades para acceder y permanecer en el mercado laboral.

El fenómeno también plantea un problema de calidad del empleo, en un contexto en el que la pérdida de puestos registrados reduce las posibilidades de inserción laboral con derechos, aportes previsionales, cobertura de salud y estabilidad.

La industria utiliza menos del 60% de su capacidad instalada

La contracción empresarial encuentra uno de sus principales puntos de preocupación en el sector manufacturero. De acuerdo con los indicadores oficiales analizados por CEPA, la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina se ubicó en apenas 58,5% durante agosto de 2026.

Esto significa que más del 40% de la capacidad productiva industrial permanecía sin utilizar, un indicador que expone las dificultades para sostener los niveles de producción.

La reducción de la actividad manufacturera adquiere una dimensión particular en Buenos Aires, donde se concentra una parte importante de las industrias nacionales y de las cadenas de proveedores que generan empleo directo e indirecto.

El escenario se expresa también en conflictos laborales, suspensiones, reducción de turnos y cierres de establecimientos que afectan tanto a grandes centros urbanos como a localidades cuya economía depende de determinadas fábricas.

El consumo se derrumbó y las tarifas absorben más ingresos

La pérdida del empleo formal y el debilitamiento de la producción se combinan con un fuerte retroceso del consumo. Según el relevamiento, las ventas reales en supermercados del Gran Buenos Aires se ubicaron en agosto de 2026 un 20,7% por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

En el conjunto de la provincia, la contracción alcanzó el 18,3%, mientras que la caída nacional fue del 16,4%.

La comparación revela que el deterioro del consumo fue especialmente intenso en territorio bonaerense, donde la actividad comercial y la demanda de los hogares constituyen motores centrales de la economía.

Al mismo tiempo, el costo de los servicios públicos incrementó su participación en los gastos familiares.

La canasta de servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires, integrada por electricidad, gas, agua y transporte, acumuló un aumento del 944% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026. Como consecuencia, esos servicios pasaron a representar el 13,9% del salario promedio bonaerense.

El incremento del peso de las tarifas reduce la proporción del ingreso disponible para alimentación, vestimenta, salud, educación y otros consumos, con efectos que se trasladan a comercios, emprendimientos y pequeñas empresas.

Menos recursos provinciales para enfrentar la crisis

A las dificultades del sector privado se suma el deterioro de los ingresos fiscales de la administración bonaerense. Entre enero y septiembre de 2026, las transferencias por coparticipación federal registraron una reducción real interanual cercana al 0,8%, mientras que la recaudación tributaria provincial de agosto cayó un 4,8% real respecto del mismo mes de 2025.

La disminución de recursos restringe el margen presupuestario del Ejecutivo de Axel Kicillof para sostener políticas públicas e intervenir frente al deterioro económico.

La situación plantea una dificultad adicional: cuanto mayor es la necesidad de asistencia social, infraestructura, salud, educación y acompañamiento a los sectores productivos, más limitados aparecen los recursos disponibles para financiar esas respuestas.