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Denuncian que Morón omite información sobre contratos y gastos públicos
08:35 | La gestión de Lucas Ghi enfrenta cuestionamientos por la publicación incompleta de actos administrativos en el Boletín Oficial. Una denuncia ante el Tribunal de Cuentas señala que faltan anexos de al menos 30 decisiones municipales, mientras que un informe televisivo expuso las dificultades para acceder a esa documentación.
El acceso a la información pública quedó en el centro de una nueva controversia política e institucional en Morón. La administración encabezada por el intendente Lucas Ghi enfrenta denuncias por la ausencia de anexos en numerosas publicaciones del Boletín Oficial municipal, una situación que involucra información sobre contrataciones, presupuesto, subsidios, tarifas y designaciones de personal.
La polémica cobró mayor repercusión después de que el programa La Cornisa, emitido por La Nación+, difundiera un informe en el que el periodista Luis Gasulla intentó acceder personalmente a documentación que no estaba disponible en la versión digital del Boletín Oficial.
El episodio se sumó a una denuncia presentada ante el Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense por el exconcejal y referente de la Coalición Cívica-ARI Francisco Mones Ruiz, quien cuestionó que el Ejecutivo municipal justifique la falta de publicación de documentos complementarios con el argumento de las «razones de espacio».
Treinta actos administrativos con documentación incompleta
El relevamiento realizado por la Coalición Cívica examinó 18 ediciones del Boletín Oficial correspondientes a 2026. Según la presentación, en doce de ellas se identificaron 30 actos de gobierno cuyos anexos no habían sido publicados, pese a formar parte de decisiones administrativas que deben estar disponibles para el control ciudadano.
De ese total, 23 documentos están vinculados con cuestiones presupuestarias, gastos públicos, contrataciones o personal municipal.
Entre las omisiones denunciadas aparecen planillas correspondientes al Presupuesto 2026, modificaciones de partidas, fondos destinados a cajas chicas, información sobre subsidios y cuadros tarifarios de las tasas municipales. También se cuestionó la publicación incompleta de la reglamentación de la Policía Municipal y de otros programas impulsados por el Ejecutivo.
La situación adquiere particular relevancia porque los anexos suelen contener los datos concretos que permiten conocer cómo se distribuyen los fondos públicos, cuáles son las condiciones de las contrataciones y qué obligaciones establecen las decisiones administrativas.
La visita de La Cornisa y el cruce con la jefa de Gabinete
El informe televisivo volvió visible el conflicto cuando Gasulla y Mones Ruiz se presentaron en el Palacio Municipal para consultar documentación vinculada con la Licitación Pública N.º 5 de 2025, correspondiente a la construcción de un salón de usos múltiples en El Palomar, adjudicada a la empresa Thor SRL.
Los periodistas buscaban acceder a los anexos de un decreto relacionado con la ampliación de plazos de esa contratación, que no figuraban en la publicación digital. Según relataron, después de aproximadamente una hora de gestiones no consiguieron consultar los documentos. Durante el procedimiento se produjo un intercambio con la jefa de Gabinete municipal, Estefanía Franco, quien les indicó que debían solicitar una audiencia.
El episodio generó nuevos cuestionamientos porque, aunque el Municipio dispone de un Boletín Oficial digital, los documentos requeridos no pudieron ser consultados de manera inmediata ni presencial durante la visita..
La Defensoría del Pueblo exigió explicaciones
La controversia también motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que inició la actuación N.º 497802/26 y requirió información al Departamento Ejecutivo municipal. El organismo solicitó precisiones sobre los decretos, resoluciones y ordenanzas publicados sin anexos, así como sobre la difusión de actos administrativos en versiones sintetizadas.
También reclamó conocer los criterios utilizados para omitir documentación y las normas que eventualmente justificarían esas prácticas. El requerimiento estableció un plazo de cinco días para que la Municipalidad aportara sus explicaciones.
La intervención se fundamentó en las obligaciones de publicidad de los actos de gobierno previstas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y en la Ordenanza local N.º 4492/02, que establece condiciones para la publicación integral de las decisiones municipales.
Hasta la información consultada, no pudo verificarse una respuesta pública del Ejecutivo que resolviera integralmente los cuestionamientos.
La discusión tuvo además su expresión legislativa. El concejal Ariel Aguilera, del bloque Todo por Argentina, presentó una iniciativa para eliminar de las publicaciones oficiales la leyenda que obliga a solicitar por separado los anexos omitidos. Por otra parte, durante la sesión del 22 de octubre, la concejala Florencia De Luca, de Unión por la Patria, impulsó el tratamiento sobre tablas de un pedido de informes relacionado con la publicación incompleta de los actos de gobierno.
Según la información difundida sobre aquella sesión, la moción obtuvo ocho votos favorables y dieciséis negativos, por lo que no prosperó su tratamiento inmediato.
