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Kicillof enfrenta críticas por los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud
16:06 | El Presupuesto bonaerense 2027, que prevé gastos por $58,6 billones, comenzó a generar cuestionamientos en la Legislatura. Desde la Coalición Cívica acusaron al Gobierno provincial de licuar los ingresos de quienes sostienen los servicios esenciales, mientras el Ejecutivo responsabiliza a la administración de Javier Milei por la caída de recursos .
La presentación del Presupuesto 2027 de la provincia de Buenos Aires abrió una nueva disputa política sobre la distribución de los recursos públicos y el impacto de las decisiones económicas en los salarios de los trabajadores estatales. Mientras el gobierno de Axel Kicillof sostiene que las cuentas provinciales se encuentran condicionadas por el ajuste nacional, desde sectores de la oposición comenzaron a cuestionar la evolución de las remuneraciones de docentes, policías y personal sanitario.
El diputado bonaerense y presidente del bloque de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, acusó al Ejecutivo provincial de haber licuado los ingresos de quienes trabajan en educación, seguridad y salud, y consideró que el ajuste también tiene responsables dentro de la administración bonaerense. La crítica se conoció después de que el ministro de Economía, Pablo López, presentara ante legisladores los principales lineamientos del proyecto presupuestario para el próximo año, que contempla gastos por $58,6 billones, además de una nueva solicitud de autorización de endeudamiento por el equivalente a 1.000 millones de dólares.
La discusión anticipa un tratamiento legislativo atravesado por las diferencias sobre el financiamiento provincial, las prioridades de inversión y las condiciones salariales de quienes garantizan los servicios públicos.
La oposición cuestiona el deterioro salarial
De Leo fue uno de los primeros legisladores en expresar públicamente su rechazo a la propuesta económica del Gobierno bonaerense. “La presentación del Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires por parte del ministro López deja varios interrogantes y una certeza: el gobierno de Kicillof ha licuado los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud, entre otros sectores”, sostuvo.
El legislador concentró sus críticas en tres áreas fundamentales para el funcionamiento cotidiano del Estado provincial, cuyos trabajadores enfrentan las consecuencias de la evolución de los precios y de las negociaciones salariales. Para el dirigente de la Coalición Cívica, la administración bonaerense no puede explicar todas sus dificultades financieras exclusivamente por las decisiones del Gobierno nacional, sino que también debe responder por la administración de sus recursos. “Una motosierra mal aplicada: el ajuste lo terminan pagando quienes todos los días sostienen los servicios esenciales de la Provincia”, afirmó.
La utilización del término motosierra, asociado al programa de recorte del gasto público impulsado por Javier Milei, buscó establecer un paralelismo entre el ajuste nacional y las consecuencias que, según De Leo, tienen las políticas salariales provinciales.
Sin embargo, la denuncia del legislador no equivale por sí misma a una demostración de que el Presupuesto 2027 disponga una reducción salarial, ya que para establecerlo será necesario comparar las previsiones de remuneraciones con la evolución de los precios, las paritarias y las partidas específicas.
Un presupuesto de $58,6 billones en medio de la crisis económica
Durante la presentación oficial, Pablo López defendió la propuesta económica y sostuvo que el Gobierno provincial enfrenta una situación fiscal compleja, vinculada con la contracción de la actividad económica, la caída de la recaudación y la reducción de las transferencias nacionales.
El Ejecutivo bonaerense afirma que los recursos recortados por la Nación acumulan alrededor de $20 billones hasta octubre, una cifra que utiliza para dimensionar el impacto de las decisiones federales sobre las finanzas provinciales.
La administración de Kicillof planteó que el Presupuesto 2027 busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales, sostener políticas de protección social y preservar la inversión pública en un escenario de restricciones financieras.
Entre las previsiones difundidas por el Ministerio de Economía aparecen $4,05 billones destinados a inversión de capital, $2,32 billones vinculados con la protección de sectores vulnerables y asignaciones específicas para salud, educación y seguridad.
La propuesta también contempla la continuidad de obras de infraestructura, programas alimentarios, inversiones hospitalarias y políticas de fortalecimiento del sistema educativo.
Estos montos forman parte del esquema de prioridades presentado por el Ejecutivo y no deben interpretarse, sin un análisis de las planillas presupuestarias, como incrementos equivalentes de las partidas salariales.
La tensión entre el ajuste nacional y las responsabilidades provinciales
La discusión presupuestaria pone de manifiesto una de las principales contradicciones del escenario político bonaerense: mientras el oficialismo provincial cuestiona la política económica nacional y sus consecuencias sobre el financiamiento del Estado, sectores opositores señalan que el Gobierno de Kicillof también debe explicar el deterioro del poder adquisitivo de sus trabajadores.
La controversia no se limita a las diferencias partidarias, porque las remuneraciones de docentes, policías y trabajadores de la salud tienen consecuencias directas sobre la prestación de servicios esenciales.
En educación, las condiciones salariales forman parte de una discusión más amplia sobre la calidad del empleo docente, las posibilidades de sostener las plantas de personal y el funcionamiento de las escuelas.
En salud, el poder adquisitivo de los trabajadores constituye una variable relevante para el sostenimiento de los hospitales y demás establecimientos públicos.
En seguridad, la evolución de los ingresos policiales también integra el debate sobre las condiciones laborales, la profesionalización y el funcionamiento de las fuerzas provinciales.
De allí que el cuestionamiento de De Leo coloque una cuestión central sobre la mesa: si el Presupuesto puede garantizar una recuperación real de las remuneraciones o si continuará condicionado por la pérdida de recursos y las restricciones fiscales.
Endeudamiento y negociación legislativa
El paquete económico presentado por López incluye una Ley Impositiva y una iniciativa de Financiamiento que contempla autorización para contraer nueva deuda por el equivalente a 1.000 millones de dólares.
El Gobierno provincial sostiene que estas herramientas permitirán administrar compromisos financieros, mejorar la disponibilidad de recursos y acompañar las necesidades de financiamiento del próximo ejercicio.
La vicegobernadora Verónica Magario también reclamó consensos legislativos para avanzar con las iniciativas, en un contexto en el que el Ejecutivo necesita reunir apoyos para aprobar las herramientas económicas.
El tratamiento del Presupuesto obligará a discutir no solamente la magnitud de las partidas previstas, sino también su distribución y la capacidad real de garantizar servicios públicos en un escenario de deterioro de los recursos.
