El modelo que elogió Bausili: cayó Peña y quedaron millones atrapados en Ueno

El gobierno de Santiago Peña se derrumbó en medio de una crisis que deja una pregunta incómoda para los defensores de las políticas económicas neoliberales: ¿qué ocurre cuando el discurso de la eficiencia privada termina enfrentado a la necesidad de que el Estado proteja a millones de personas de las consecuencias de un fracaso financiero?

Paraguay, presentado durante años como ejemplo de estabilidad macroeconómica y atractivo para las inversiones, quedó sacudido por el colapso de Ueno Bank, una entidad que había construido su expansión sobre la promesa de inclusión financiera y terminó bajo investigación por presuntas irregularidades en operaciones crediticias y problemas de solvencia.

Su principal impulsor, Federico Miguel Vázquez Villasanti, conocido como el «Galperín paraguayo», quedó detenido mientras la Justicia investiga las responsabilidades por el derrumbe. El banco llegó a reunir alrededor de 2,9 millones de clientes y concentrar cerca de 850 millones de dólares de organismos públicos, incluidos unos 355 millones del Instituto de Previsión Social.

La contradicción es contundente: mientras el negocio crecía bajo una lógica empresarial privada, una parte sustancial de los recursos comprometidos pertenecía al Estado y a los trabajadores. Cuando el Banco Central intervino, fueron los ahorristas, jubilados y usuarios quienes quedaron atrapados en la incertidumbre.

Pero Peña no era un observador ajeno al escándalo. Había mantenido participación accionaria en el grupo propietario de Ueno hasta marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia. Además, Carlos Carvallo, quien había dirigido la entidad financiera, llegó a presidir el Banco Central encargado de supervisarla.

No se trata solamente de un banco que fracasó. Se trata de un entramado de relaciones entre poder político, capital privado y organismos reguladores cuya transparencia está siendo cuestionada. La investigación deberá determinar las responsabilidades penales, pero la responsabilidad política por el funcionamiento de los controles y la protección de los recursos públicos merece un examen independiente.

El 5 de noviembre, con las protestas multiplicándose y el Congreso avanzando en un juicio político, Peña presentó su renuncia. Su salida tampoco resuelve el problema de fondo: las familias siguen necesitando recuperar su dinero y el Estado debe responder por la protección de los recursos que estaban depositados en la entidad.

El Paraguay que Bausili ponía como ejemplo

La crisis adquiere una dimensión particular para Argentina. El 31 de julio de 2025, en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura, el presidente del Banco Central argentino, Santiago Bausili, destacó a Paraguay, Uruguay y Perú como ejemplos de estabilidad económica. «No te voy a llevar a Suiza, Estados Unidos, Irlanda... Paraguay, Uruguay, Perú, esas sociedades viven tranquilas», sostuvo el funcionario.

Bausili no estaba elogiando específicamente a Ueno Bank. Sin embargo, sus declaraciones permiten revisar una concepción económica que suele presentar los indicadores monetarios y la confianza inversora como pruebas suficientes del buen funcionamiento de una sociedad.

El derrumbe paraguayo demuestra las limitaciones de esa mirada: una economía puede exhibir estabilidad de precios y reconocimiento internacional mientras se acumulan riesgos financieros, fallan los controles y se comprometen recursos públicos.

La estabilidad macroeconómica no reemplaza la transparencia institucional ni garantiza que los intereses de los grandes grupos financieros coincidan con los de la población.

Galperin y Milei: cuando las asignaciones sociales ingresan al negocio privado

La experiencia paraguaya también interpela a la Argentina de Javier Milei, donde Mercado Pago viene ampliando su participación en los pagos de prestaciones sociales.

Desde abril de 2024, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares, por embarazo y otros programas pueden elegir la billetera para recibir sus ingresos sin comisiones por acreditación.

Marcos Galperin celebró la medida con una frase que sintetizó su posicionamiento político: «Es tal el placer de cortarles el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes, que lo hacemos gratis».

Sin embargo, la gratuidad de la acreditación no elimina el interés comercial de incorporar millones de usuarios a una plataforma que ofrece créditos, inversiones, compras y servicios financieros.

Según las estadísticas de ANSES de diciembre de 2025, Mercado Pago canalizó 1.517.832 pagos de prestaciones activas, ubicándose entre los principales agentes pagadores del país.

Galperin también manifestó públicamente su intención de que jubilaciones y pensiones pudieran cobrarse mediante la plataforma. La apuesta resulta evidente: ampliar la presencia de su ecosistema financiero sobre ingresos que el Estado distribuye mensualmente para garantizar derechos sociales.

El negocio no consiste necesariamente en cobrar por depositar una asignación, sino en construir una relación comercial permanente con sus destinatarios. La posibilidad de ofrecer rendimientos, promociones, financiación y otros productos convierte al beneficiario de una política pública en potencial cliente de múltiples servicios privados.

La paradoja política es que quienes cuestionan la intervención estatal encuentran en los recursos que distribuye el propio Estado una oportunidad extraordinaria de expansión empresarial.

Del cobro de la AUH a la ambición de convertirse en banco

El avance de Mercado Pago no termina en las prestaciones sociales. En mayo de 2025 anunció que buscaría una licencia bancaria y, el 29 de octubre de 2026, el Banco Central argentino confirmó que el trámite había superado las revisiones técnicas, aunque todavía requería la autorización definitiva.

De concretarse, la compañía podría ampliar su participación en el negocio financiero, con servicios bancarios y captación de depósitos bajo las regulaciones correspondientes.

Existen diferencias fundamentales con Ueno. Mercado Pago opera actualmente como proveedor de servicios de pago, bajo reglas distintas de las aplicables a un banco, y no hay evidencia de que haya cometido las irregularidades investigadas en Paraguay.

Pero la comparación no depende de afirmar que ambas empresas sean iguales. El verdadero debate es hasta dónde puede avanzar la concentración privada sobre pagos, créditos, información financiera y prestaciones sociales sin generar nuevas relaciones de dependencia económica.

La caída de Peña deja una advertencia para los gobiernos que confunden el crecimiento de los negocios financieros con el bienestar colectivo: la rentabilidad privada no garantiza seguridad social, y la estabilidad económica pierde buena parte de su sentido cuando los ahorros de la población quedan atrapados en una crisis que los controles no consiguieron evitar.