Macha propone una nueva ley para proteger a mujeres y diversidades de la violencia de género

En un escenario nacional marcado por las disputas alrededor de las políticas de género y el financiamiento de los dispositivos de protección, la senadora bonaerense Mónica Macha presentó un proyecto destinado a transformar el marco legal con el que la provincia de Buenos Aires aborda las violencias contra las mujeres y diversidades.

La iniciativa propone la creación de una Ley de Protección Integral contra las Violencias por Motivos de Género, que permita actualizar la normativa provincial vigente desde comienzos de siglo e incorporar las distintas formas de violencia que fueron reconocidas y visibilizadas durante las últimas décadas. El proyecto fue presentado en el marco de las actividades vinculadas con la reciente Marcha del Orgullo y de cara al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Macha sostiene que, aunque la Provincia adhirió a la Ley Nacional 26.485, todavía resulta necesario establecer una legislación bonaerense propia que contemple integralmente esta problemática. "Tenemos una ley provincial que previene la violencia familiar, pero falta una herramienta específica, con perspectiva feminista, que proponga una respuesta integral frente a esta problemática", explicó la legisladora de Fuerza Patria.

Un cambio de enfoque: de la violencia familiar a las violencias de género

Uno de los principales objetivos de la propuesta es superar una concepción de la violencia limitada a los vínculos familiares o domésticos. La iniciativa reconoce que las violencias por motivos de género pueden manifestarse en múltiples ámbitos, tanto públicos como privados, y que sus consecuencias no se restringen a las agresiones físicas o a las relaciones de pareja.

En ese sentido, contempla siete tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y vicaria, además de reconocer las distintas modalidades mediante las cuales pueden ejercerse.

La incorporación de la violencia vicaria constituye uno de los aspectos relevantes del proyecto, ya que permite identificar aquellas agresiones en las que se utiliza a otras personas, especialmente hijos e hijas, como medio para causar daño a una mujer.

La violencia política también adquiere reconocimiento específico, en tanto puede afectar la participación pública, la representación y el ejercicio de derechos de las mujeres y diversidades. "Esta ley permite dar cuenta de las violencias por motivos de género que fuimos conceptualizando a lo largo de estos años. También incorpora otras que ya existían, pero que no nombrábamos", señaló Macha.

La violencia digital y las nuevas herramientas de protección

Otro de los ejes centrales de la propuesta es el reconocimiento de las violencias ejercidas mediante redes sociales, plataformas digitales, aplicaciones y otros entornos tecnológicos. El proyecto contempla mecanismos judiciales destinados a solicitar la eliminación de contenidos violentos, preservar datos y evidencias informáticas y establecer restricciones de contacto a través de medios digitales.

Estas herramientas buscan ampliar las posibilidades de protección frente a agresiones que pueden extenderse más allá del espacio físico y multiplicar sus consecuencias mediante la circulación de contenidos, la exposición pública y las distintas formas de hostigamiento en línea.

La iniciativa también establece el acceso gratuito a la justicia, el patrocinio jurídico especializado y la posibilidad de adoptar medidas urgentes de protección.

Más responsabilidad estatal y acompañamiento territorial

La propuesta presentada por Macha plantea que una política integral contra la violencia de género requiere mucho más que respuestas judiciales posteriores a una denuncia. Por ese motivo, propone fortalecer los servicios municipales de asistencia interdisciplinaria y gratuita, consolidar los Hogares de Protección Integral y las Casas Abiertas, y promover una red provincial de dispositivos territoriales.

También incorpora mecanismos de coordinación entre los distintos niveles del Estado, con el propósito de evitar que las personas que atraviesan situaciones de violencia queden atrapadas en recorridos institucionales fragmentados o sin respuestas adecuadas.

La legisladora destacó la necesidad de que los equipos especializados puedan acompañar procesos que no suelen ser lineales ni inmediatos. "Salir de una situación de violencia por motivos de género lleva tiempo y requiere mucho acompañamiento institucional, así como equipos especializados que puedan sostener esos procesos, con sus avances y retrocesos", afirmó.

La autonomía económica como parte de la protección

Uno de los aspectos distintivos del proyecto es que reconoce la relación entre las situaciones de violencia, la dependencia económica y las dificultades para acceder a una vivienda. Por esa razón, incorpora herramientas destinadas a fortalecer la autonomía económica y habitacional, promover la capacitación en oficios y facilitar experiencias de cooperativismo y asociatividad.

Desde esta perspectiva, el acceso a ingresos propios y a condiciones materiales que permitan desarrollar un proyecto de vida independiente forma parte de las estrategias necesarias para salir de situaciones de violencia. "La violencia por motivos de género socava la autonomía de las mujeres y las diversidades", advirtió Macha, quien vinculó la recuperación de la autonomía subjetiva con la independencia económica.

Las cifras que fundamentan la iniciativa

Los fundamentos del proyecto incorporan estadísticas que permiten dimensionar la gravedad de la problemática en territorio bonaerense. Durante 2025, el 98,5% de las personas alcanzadas por intervenciones de la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos fueron mujeres.

Según el Registro de Violencia Familiar de la Suprema Corte bonaerense, el 54,4% de las personas que denunciaron situaciones de violencia durante ese año identificaron a una expareja como agresor.

A su vez, de acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia, 78 de las 219 víctimas letales de violencia de género registradas en Argentina durante 2025 correspondieron a la provincia de Buenos Aires.

Estos datos forman parte de los argumentos que sostienen la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana, asistencia y reparación.

Macha vinculó la presentación del proyecto con las decisiones de la administración de Javier Milei en materia de políticas de género y sostuvo que el Estado bonaerense debe fortalecer su capacidad de respuesta. "Mientras el Gobierno nacional desmantela las políticas de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género, desde la Provincia tenemos que profundizar esas políticas", expresó.