Paraguay atraviesa una de las crisis políticas y financieras más graves de los últimos años. Este jueves 5 de noviembre, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia de la República, acorralado por el escándalo del Ueno Bank, la presión de sectores opositores y la pérdida del respaldo de su propio partido, que había decidido acompañar el juicio político promovido en el Congreso.
La decisión fue comunicada mediante un video difundido en las redes sociales oficiales del mandatario, donde explicó que dejaba el cargo para preservar la estabilidad institucional y la paz social en un país conmocionado por el cierre de una de sus principales entidades financieras. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó Peña.
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
El ahora exmandatario también sostuvo que ninguna responsabilidad pública puede colocarse por encima del bienestar de la población y apeló al respeto de los mecanismos constitucionales para enfrentar la crisis.
Su salida interrumpe anticipadamente el mandato presidencial iniciado el 15 de agosto de 2023, que debía extenderse hasta 2028, y abre una nueva etapa de incertidumbre institucional en Paraguay.
La renuncia se produjo después de que Horacio Cartes, expresidente paraguayo, titular de la Asociación Nacional Republicana y principal impulsor de la candidatura de Peña, anunciara que el Partido Colorado acompañaría el juicio político contra el mandatario.
La decisión significó un quiebre político determinante para un Gobierno cuya estructura de poder dependía en buena medida del respaldo de Cartes y de la mayoría parlamentaria oficialista. "Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados", manifestó el exmandatario.
Cartes confirmó además que el oficialismo acompañaría el proceso de destitución para reencauzar la institucionalidad paraguaya.
El pedido de juicio político había sido presentado por 35 legisladores opositores y disidentes del oficialismo, quienes impulsaron una acusación contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, en el marco del artículo 225 de la Constitución Nacional.
El respaldo anunciado por las bancadas coloradas modificó decisivamente el escenario parlamentario y dejó al presidente sin una mayoría capaz de garantizar su continuidad.
El origen de la crisis se encuentra en la intervención y disolución del Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central del Paraguay después de detectar que su índice de solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo legal exigido. La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de alrededor de 6,1 millones de habitantes, una dimensión que explica el enorme impacto social y económico provocado por su cierre.
Entre los recursos comprometidos figuraban aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos depósitos vinculados con el Instituto de Previsión Social, responsable de administrar recursos destinados a jubilaciones y prestaciones sanitarias.
El cierre de las operaciones bancarias provocó largas filas frente a las sucursales, dificultades para acceder a cuentas y depósitos y manifestaciones de ahorristas que reclamaban explicaciones sobre el destino de su dinero.
La incertidumbre alcanzó también a trabajadores, jubilados y organismos públicos, mientras crecían los cuestionamientos sobre las decisiones regulatorias que permitieron el funcionamiento de la entidad pese a las advertencias sobre su situación patrimonial.
Uno de los aspectos que profundizó la crisis fue la relación empresarial que Santiago Peña había mantenido con el grupo económico vinculado al Ueno Bank. El mandatario fue accionista de Ueno Holding hasta 2025, una circunstancia que volvió a quedar bajo cuestionamiento cuando se conocieron la situación financiera de la entidad y el volumen de recursos públicos depositados en ella.
La controversia también alcanzó a Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central paraguayo y anteriormente había ocupado cargos de conducción en Financiera Ueno, antecesora de la entidad intervenida.
Carvallo presentó su renuncia después de que Peña solicitara su salida, mientras distintos sectores políticos y sociales reclamaban investigar posibles conflictos de intereses y responsabilidades en los mecanismos de supervisión.
La crisis derivó, además, en una investigación penal por presuntas irregularidades financieras relacionadas con operaciones realizadas entre 2025 y 2026. El Ministerio Público imputó a 27 personas por maniobras que habrían involucrado préstamos y sobregiros concedidos a empresas del mismo grupo económico, en condiciones que, según la Fiscalía, no respetaban los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.
Entre los investigados se encuentra Miguel Vásquez, uno de los fundadores y principales accionistas del banco, para quien los fiscales solicitaron prisión preventiva.
Otros directivos comparecieron ante las autoridades judiciales y enfrentan pedidos de medidas cautelares. La investigación deberá determinar las responsabilidades penales individuales y esclarecer el alcance de las operaciones financieras cuestionadas.