Rosario ya regula las apps y La Plata sigue sin ordenanza: dos realidades para los choferes

Cada vez más personas se suben al auto para ganarse la vida con Uber, DiDi o Cabify. Lo hacen aunque las condiciones no sean las mejores y aunque la ley, según donde vivan, los trate de manera muy distinta.

En Rosario, esa actividad ya tiene un marco legal. En La Plata, en cambio, sigue en un limbo: sin ordenanza, con reuniones que no avanzan y con el temor permanente a una multa o a que les retengan el vehículo.

Esa diferencia es la que hoy marca el pulso del sector en ambas ciudades.

En La Plata, la discusión está trabada

Quien pone la voz en la capital bonaerense es Pablo León, titular de la Asociación Civil de Conductores de Aplicaciones Unidas de la República Argentina (Accaura).

Según contó, vienen dialogando con ediles de todos los bloques. Pero el diálogo, por ahora, no se tradujo en ningún proyecto concreto.

“La verdad que en la ciudad de La Plata está muy lenta con este tema, está muy atrasada”, cuestionó.

El reclamo central es concreto: que se frenen por 120 días las sanciones y los secuestros mientras se discute una regulación.

“Creemos que cuatro meses es suficiente como para tratar un proyecto y llevar adelante una regulación”, señaló León.

En Rosario, trabajar ya no es esconderse

El panorama rosarino es distinto. Allí, Gisela, vocera de los choferes de Uber, describió un cambio de clima tras la sanción de la norma municipal.

Antes, explicó, las apps ya eran parte de la rutina urbana, pero se trabajaba sin respaldo legal. Ahora, esa incertidumbre se redujo.

“Yo ya salgo más tranquila pensando que no voy a tener que andar escondiéndome”, expresó.

La ordenanza establece un plazo de medio año para tramitar la licencia profesional, exige determinados requisitos para los vehículos, prevé un QR identificatorio para cada conductor y obliga a las plataformas a anotarse en un registro local. Además, abre la puerta para que taxis y remises también operen a través de las aplicaciones.

Las trabas que siguen, incluso con regulación

Sin embargo, estar habilitado no resolvió todo. Gisela advirtió que cumplir con lo que pide el municipio no es sencillo, sobre todo por el seguro.

“Está difícil conseguir el seguro que nos piden, es un seguro que es de servicio público”, dijo, y agregó: “Yo todavía no conseguí un seguro que me pueda cubrir como ellos quieren”.

Tampoco la cuestión económica está resuelta. La referente mencionó viajes que se pagan entre $1.700 y $1.800, según la jornada. Con esos montos, sostuvo, es muy difícil sostener una familia y mantener el auto en condiciones.

Por eso, más allá de la norma, el pedido de fondo sigue siendo el mismo: “Nuestra mayor necesidad era poder trabajar con libertad. No tener que andar escondiéndote ni tener que andar huyendo de los controles porque estamos trabajando”, sostuvo.