Leguizamón presentó un sistema de alerta temprana ante el faltante de medicamentos en hospitales bonaerenses

Mientras el oficialismo bonaerense apura en el Senado la creación de su empresa pública de medicamentos, la oposición salió con otra propuesta para el mismo problema: que la falta de un remedio en un hospital no se resuelva a las apuradas, cuando ya no queda margen para actuar.

El autor es Marcelo Leguizamón, senador de La Plata por Hechos - UCR Identidad. Su proyecto crea un Sistema Provincial de Alerta Temprana y Respuesta ante Faltantes de Medicamentos Hospitalarios. La lógica es simple: no alcanza con saber cuánto hay en stock, hay que anticipar cuándo se va a terminar y obligar a alguien a resolverlo antes de que afecte a un paciente.

La iniciativa llega en un momento clave. El proyecto de Kicillof, impulsado por el ministro de Salud Nicolás Kreplak, ya tiene dictamen de comisión y está en el orden del día de la quinta sesión ordinaria del Senado, citada para este jueves 5 de noviembre. Ese mismo día el oficialismo también buscará media sanción para regular las apps de delivery y transporte.

Dos miradas para el mismo problema

La discusión en la Legislatura se está dando en dos carriles paralelos que, aunque apuntan al mismo faltante, proponen soluciones distintas.

Por un lado, el gobierno de Axel Kicillof quiere avanzar con una empresa pública de medicamentos bajo la órbita del Ministerio de Salud. La apuesta es tener producción y compra propia para no depender tanto del mercado y de los vaivenes de los laboratorios privados.

Por el otro, Leguizamón plantea ordenar la gestión de lo que ya existe. No propone una empresa ni una fábrica nueva, sino un sistema de prevención, comunicación y respuesta para que los faltantes que puedan afectar a los hospitales no se conviertan en una interrupción de la atención.

En otras palabras: mientras una iniciativa busca producir más, la otra busca que no se pierda lo que ya hay por falta de aviso, de coordinación o de plazos claros.

A quiénes alcanza y quién lo maneja

El sistema de alerta que propone Leguizamón sería obligatorio para todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud bonaerense, y también para los depósitos, programas y unidades provinciales que participen del abastecimiento.

Además, contempla la incorporación de establecimientos de gestión compartida mediante acuerdos, e invita a los municipios a adherir para incluir a sus propios nosocomios en los mecanismos de cooperación. La idea es que la red sea lo más amplia posible, porque muchas veces el remedio que falta en un lugar está disponible en otro.

Al igual que en el proyecto de la empresa estatal, la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Salud. Esa cartera debería coordinar todas las áreas vinculadas con medicamentos, hospitales, logística y compras.

Y hay un punto que el senador remarca para evitar críticas habituales: no crear estructuras administrativas paralelas. La iniciativa establece que se deberán aprovechar prioritariamente los registros, sistemas informáticos y recursos que ya existen, articulándolos entre sí para evitar que los establecimientos tengan que cargar la misma información más de una vez.

“Tener stock registrado no alcanza”

En los fundamentos, Leguizamón sostiene que la disponibilidad de medicamentos depende de una cadena de decisiones que incluye la programación de las necesidades, la adquisición, la verificación de las entregas, la conservación y la distribución de los productos.

Advierte que una dificultad en cualquiera de esas etapas puede interrumpir la provisión, incluso cuando existan unidades disponibles en otro punto de la red sanitaria. Es decir: el problema no siempre es que no hay remedios, sino que no llegan a tiempo a donde se necesitan.

Por eso insiste en que registrar el stock es necesario pero no suficiente. “Contar con registros de stock es necesario pero insuficiente. La información debe generar una respuesta: identificar quién interviene, qué medida adoptará y en qué plazo”, plantea el legislador.

Esa es la diferencia central de su propuesta: la alerta no se dispara cuando se termina todo. Se dispara antes, cuando todavía hay tiempo de resolverlo sin afectar la atención.

Tres niveles de alerta

El proyecto diferencia entre tres situaciones, porque no todos los faltantes tienen la misma gravedad ni requieren la misma urgencia:

1. Riesgo de faltante: cuando las existencias actuales y las entregas confirmadas no alcanzan para cubrir la demanda hasta la próxima reposición. Todavía hay stock, pero si no se actúa, se va a terminar.

2. Faltante efectivo: cuando ya no hay medicamentos suficientes para atender una necesidad asistencial concreta.

3. Faltante crítico: cuando la interrupción del consumo de ese medicamento puede provocar un daño grave, afectar un tratamiento indispensable o comprometer una prestación esencial para los pacientes.

Para ordenar las prioridades, Leguizamón propone que el Ministerio de Salud elabore un listado de medicamentos prioritarios y establezca umbrales de alerta para cada producto o grupo.

Para definir esos umbrales, deberá considerar factores como la importancia para emergencias y tratamientos continuados, la existencia de alternativas terapéuticas, la demanda de cada hospital, los vencimientos y los tiempos que requiere la reposición. Así, los parámetros no serán iguales para todos los medicamentos, sino que deberán ajustarse a las necesidades y características de cada establecimiento.

Cómo funcionaría en la práctica

Cada hospital tendrá que mantener actualizados los registros sobre las existencias disponibles, los medicamentos comprometidos para necesidades asistenciales, los lotes y vencimientos, el consumo previsto, los pedidos pendientes y las entregas confirmadas.

El proyecto aclara que los productos vencidos, retirados o que no estén en condiciones de utilizarse no podrán contabilizarse como disponibles. Un número en una planilla no sirve si ese remedio no se puede usar.

Para que el sistema funcione, cada establecimiento deberá designar responsables para registrar y comunicar los faltantes, con intervención de los servicios de farmacia y las áreas asistenciales. La iniciativa aclara que esa tarea no trasladará al personal farmacéutico responsabilidades de compra o financiación que no correspondan a sus funciones.

Una vez detectado un riesgo de faltante o una falta efectiva, el hospital deberá informar la situación al área provincial coordinadora. En ese aviso deberá precisar qué medicamento necesita, cuándo podría agotarse, qué atención está comprometida, qué gestiones de abastecimiento ya realizó y qué alternativas existen, si las hubiera.

Los casos críticos deberán comunicarse de inmediato, incluso fuera del horario administrativo, mientras que las restantes alertas tendrán que enviarse como máximo durante el primer día hábil posterior a su detección.

Plazos obligatorios para responder

A partir de esa comunicación, el área coordinadora deberá iniciar la gestión y registrar un plan de respuesta dentro de las 24 horas corridas para los casos críticos, mientras que para las demás situaciones el plazo será de dos días hábiles.

El texto aclara que esos tiempos son límites para documentar las medidas, y que no habilitan a demorar una intervención que deba realizarse antes por razones clínicas. Si un paciente lo necesita ya, no se puede esperar a que venza el plazo administrativo.

Las respuestas podrán incluir la verificación de existencias en depósitos y otros hospitales, la redistribución de medicamentos entre establecimientos, el seguimiento de entregas comprometidas, la gestión de nuevas adquisiciones o la coordinación con programas públicos, laboratorios oficiales y otras jurisdicciones.

Además, se contempla la evaluación profesional de alternativas terapéuticas y, cuando sea necesario, la organización de una derivación asistencial segura para que el paciente no quede sin atención.

Para el legislador, una de las claves es anticiparse al agotamiento de las existencias y no esperar a que la falta afecte directamente la atención. “Aguardar a que se dispense la última unidad reduce las posibilidades de solucionar el problema sin afectar la atención”, sostiene Leguizamón en el texto, por lo que considera que las alertas deben activarse cuando el consumo previsto indique que el stock podría agotarse antes de la próxima entrega confirmada.

Con este proyecto, Leguizamón busca que el debate por los medicamentos en la Provincia no se agote en la discusión por la empresa estatal, sino que también incluya una herramienta concreta de gestión diaria para los hospitales: avisar antes, responder con plazos y evitar que un problema de logística se convierta en un problema de salud.