Caputo prometió alivio fiscal a las empresas, pero descartó devaluar para recuperar competitividad

En medio de las dificultades que enfrenta el sector productivo para sostener su actividad y acceder al financiamiento, el ministro de Economía, Luis Caputo, llevó a la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) una serie de anuncios destinados a aliviar la situación financiera de las empresas, aunque ratificó que el Gobierno nacional no contempla una devaluación del peso como herramienta para mejorar la competitividad de la producción argentina.

Durante su exposición de este martes, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenderá los embargos a pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027, ampliará las posibilidades de regularización de deudas tributarias y habilitará nuevos mecanismos para utilizar saldos fiscales a favor en la cancelación de obligaciones aduaneras.

Los anuncios estuvieron acompañados por una propuesta de mayor alcance político y fiscal: avanzar hacia la eliminación del impuesto a los Sellos, un tributo provincial que Caputo calificó como “nocivo para la industria” y cuya supresión requerirá negociaciones con los gobernadores y compromisos de compensación por parte del Estado nacional.

Sin embargo, el mensaje a los empresarios también dejó en claro los límites de la respuesta oficial frente a las demandas de competitividad. El ministro descartó modificaciones cambiarias orientadas a favorecer las exportaciones y sostuvo que la recuperación industrial debe surgir de una reducción de impuestos, una menor intervención estatal y mejoras en infraestructura.

Suspensión de embargos y más facilidades para regularizar deudas

Una de las principales medidas anunciadas fue la suspensión de los embargos ejecutados por ARCA sobre las pymes hasta mayo del próximo año. La decisión busca otorgar mayor margen financiero a las empresas que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales, evitando que las medidas de cobro agraven sus problemas de liquidez.

En paralelo, Caputo adelantó que el Gobierno ampliará el alcance del plan de pagos de 18 cuotas que administra el organismo recaudador. Hasta ahora, el régimen comprendía deudas vencidas al 30 de junio, pero la modificación permitirá incorporar obligaciones cuyo vencimiento se haya producido hasta el 31 de octubre de 2026.

El ministro también anunció cambios para facilitar la compensación de deudas aduaneras mediante la utilización de créditos fiscales acumulados. Según explicó, las pequeñas y medianas empresas podrán aplicar el 100% de sus saldos a favor correspondientes al IVA de exportación o reintegros, mientras que las grandes compañías accederán inicialmente a una proporción de esos fondos, que se incrementará gradualmente.

El conjunto de medidas procura reducir las restricciones financieras que enfrentan las firmas, aunque no implica una condonación generalizada de las obligaciones tributarias ni la eliminación de las deudas acumuladas.

En materia crediticia, el funcionario anticipó una línea del Banco Nación destinada a la industria automotriz, con tasas fijas cercanas al 20% y plazos de devolución de tres, cuatro y cinco años. La iniciativa busca ampliar las alternativas de financiamiento para una actividad que requiere inversiones sostenidas y previsibilidad para planificar su producción.

El impuesto a los Sellos, en el centro de la negociación con las provincias

Otro de los anuncios relevantes estuvo vinculado con la intención del Gobierno nacional de avanzar en la eliminación del impuesto a los Sellos, una fuente de recaudación de las provincias que grava determinados actos, contratos y operaciones.

Caputo sostuvo que el tributo representa entre 4 y 5 billones de pesos anuales, según sus estimaciones, y aseguró que tiene consecuencias tanto sobre los costos de las empresas como sobre el bolsillo de los consumidores.

La propuesta consiste en que la Nación compense con recursos propios la mitad de lo que actualmente recaudan las provincias por ese concepto, siempre que las jurisdicciones acepten resignar el otro 50% y avanzar hacia la eliminación del gravamen.

El esquema estaría dirigido a aquellas provincias adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

“Lo que vamos a tratar de hacer con las provincias es, aquellas que estén adheridas al RIGI y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, vamos a ofrecer desde el Estado pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que las provincias resignen la otra mitad”, explicó.

El ministro reconoció que la iniciativa representaría un compromiso importante para las cuentas nacionales. “Es un esfuerzo enorme”, afirmó, al defender una medida que todavía depende de la aceptación de los gobiernos provinciales.

La negociación anticipa un nuevo capítulo en la discusión por los recursos fiscales entre la Casa Rosada y las provincias, ya que la eventual eliminación del impuesto supondría modificar una fuente de ingresos propios de las jurisdicciones y establecer mecanismos de compensación cuya instrumentación aún deberá definirse.

Sin devaluación y con el foco puesto en bajar impuestos

Ante los representantes de la industria, Caputo ratificó que el Gobierno no considera una devaluación como respuesta a los problemas de competitividad de las empresas argentinas.

“El camino para reducir el costo argentino es bajar impuestos, desregular y mejorar la infraestructura”, sostuvo el ministro, al defender los principales lineamientos del programa económico implementado por la administración de Javier Milei.

Para el titular de Economía, la estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria para recuperar la inversión privada, ampliar la producción y generar crecimiento sostenido.

Su planteo volvió a colocar en primer plano la distancia entre la estrategia oficial y los reclamos de sectores productivos que advierten sobre los elevados costos de funcionamiento, las dificultades para financiarse y las condiciones de competencia frente a los bienes importados.

En ese escenario, el Gobierno apuesta a que la reducción de la presión tributaria y las reformas estructurales permitan mejorar la competitividad sin modificar deliberadamente el tipo de cambio, mientras las empresas deben afrontar sus compromisos financieros y sostener sus niveles de actividad.

El crédito y la emisión monetaria: otra puerta que Caputo dejó cerrada

El ministro también rechazó la posibilidad de incrementar la emisión monetaria para estimular el financiamiento de empresas y familias. “No se trata de tirar plata a la calle”, afirmó, al cuestionar las propuestas que plantean una mayor liquidez como respuesta a las dificultades de acceso al crédito. Según explicó, las decisiones de los bancos dependen tanto del costo de los fondos disponibles como de la capacidad de pago de quienes solicitan financiamiento.

En esa línea, consideró que las expectativas políticas y económicas pueden influir en las evaluaciones de riesgo de las entidades financieras. Para ilustrarlo, planteó que un banco podría considerar solvente a una empresa, pero igualmente limitarle el crédito ante la posibilidad de un cambio brusco del escenario macroeconómico. En su exposición mencionó como ejemplo hipotético un regreso de la inflación al 500% y un eventual incumplimiento de la deuda argentina.