Las apuestas online, las estafas digitales, el uso de datos personales y la circulación de desinformación forman parte de una realidad que atraviesa cada vez más la vida cotidiana de los adolescentes. Frente a ese escenario, la senadora bonaerense Inés Laurini presentó un proyecto de ley para incorporar la educación en ciudadanía digital de manera obligatoria y transversal en todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires.
La propuesta plantea modificar la Ley de Educación Provincial para que los estudiantes cuenten con herramientas que les permitan comprender los riesgos y oportunidades del entorno digital, reconocer sus derechos y desarrollar una mirada crítica sobre el funcionamiento económico y social de las plataformas tecnológicas.
La iniciativa alcanza a establecimientos de gestión pública y privada, de todas las modalidades y orientaciones, incluida la educación secundaria destinada a jóvenes, adultos y adultos mayores.
Según explicó la legisladora, el proyecto fue elaborado junto con jóvenes y responde a la necesidad de ampliar el papel de la escuela frente a transformaciones que modificaron las formas de comunicación, consumo, participación y acceso a la información. “El proyecto sobre ciudadanía digital que estamos trabajando propone reformar la Ley de Educación Provincial para incorporar su abordaje”, señaló Laurini en diálogo con FM 100 de Azul.
La senadora sostuvo que el objetivo es “promover un análisis crítico sobre cómo nos desenvolvemos en los entornos digitales, entendidos como un espacio público en el que se desarrollan gran parte de los debates sociales”.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que no plantea incorporar una asignatura adicional a la currícula escolar, sino integrar los contenidos de ciudadanía digital en las diferentes disciplinas. “No se busca crear una nueva materia, sino incorporar esta perspectiva de manera transversal en todas las disciplinas educativas, como sucede con la Educación Sexual Integral”, explicó Laurini.
El enfoque busca evitar que la educación digital quede reducida al aprendizaje técnico de dispositivos o aplicaciones y propone incorporar una comprensión más amplia de los intereses comerciales, las estrategias de captación de usuarios y las consecuencias sociales de las tecnologías.
El proyecto establece cinco ejes temáticos que deberán incorporarse progresivamente a los diseños curriculares. El primero aborda la economía digital personal y familiar, con contenidos relacionados con ingresos, gastos, ahorro, inflación, tasas de interés, créditos, endeudamiento, billeteras virtuales, medios electrónicos de pago y riesgos asociados a los criptoactivos.
El segundo se concentra en la seguridad digital y la protección de datos personales, mediante herramientas para preservar la privacidad, utilizar contraseñas seguras y prevenir fraudes y suplantaciones de identidad.
Un tercer eje propone trabajar sobre la prevención de consumos problemáticos, especialmente las apuestas online, la ludopatía digital, los videojuegos con mecanismos de azar y el uso excesivo de pantallas.
El cuarto incorpora contenidos sobre pensamiento crítico y medios digitales, con especial atención a la publicidad en internet, los algoritmos, los sistemas de recomendación, la desinformación, los discursos de odio y el ciberacoso. Finalmente, el quinto eje se refiere a los derechos de consumidores y usuarios, las prácticas comerciales abusivas, los mecanismos de reclamo y las nociones básicas de emprendimientos y obligaciones económicas.
La iniciativa pone especial atención en la necesidad de que los estudiantes comprendan cómo funcionan las plataformas digitales y qué mecanismos utilizan para captar y sostener la atención de sus usuarios. En ese sentido, incorpora el análisis del uso comercial de los datos personales, la publicidad personalizada y los algoritmos que intervienen en la selección de los contenidos que circulan en redes sociales.
La propuesta amplía así la discusión educativa sobre la tecnología, al considerar que la participación en entornos digitales también implica relaciones de consumo, exposición a intereses económicos y ejercicio de derechos.
La senadora remarcó que el proyecto no debe interpretarse únicamente como una iniciativa de educación financiera, sino como una herramienta más amplia para construir autonomía y capacidad crítica.
En caso de aprobarse, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires será la autoridad encargada de implementar la normativa. Entre sus responsabilidades estarán la adecuación de los diseños curriculares, la elaboración de materiales didácticos gratuitos y accesibles y la capacitación de los equipos docentes.
El proyecto también establece la revisión de los contenidos al menos cada dos años, una previsión orientada a acompañar los cambios permanentes de las tecnologías y de las modalidades de consumo digital.
Para desarrollar esas tareas, se contempla la articulación con universidades, organismos públicos e instituciones especializadas. Laurini informó además que presentó otra iniciativa legislativa destinada a modificar la actual Ley de Usuarios y Consumidores de la provincia de Buenos Aires.
La propuesta incorpora un capítulo específico para contemplar las nuevas modalidades de consumo a través de plataformas digitales, con especial atención a la prevención de estafas y la protección de los usuarios.
Según explicó, ese proyecto se encuentra muy avanzado y busca construir mecanismos de prevención frente a prácticas fraudulentas que utilizan los entornos tecnológicos. La legisladora consideró fundamental “acompañar el desarrollo tecnológico con una mirada ética y avanzar en su regulación”.