La contratación de viajes de egresados, una de las experiencias más esperadas por miles de estudiantes bonaerenses, podría contar con nuevas herramientas de protección frente a eventuales incumplimientos de las empresas de turismo. Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires busca crear el Programa de Defensa del Estudiante, destinado a brindar asesoramiento, acompañamiento y asistencia integral a los alumnos y sus familias durante todo el proceso de contratación de estos servicios.
La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Juan Ariel Archanco, de Unión por la Patria, quien plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de defensa de los consumidores en una actividad que involucra a menores de edad y compromete importantes recursos económicos de los grupos familiares.
El proyecto comprende tanto los viajes de finalización de estudios primarios como secundarios y parte de considerar a los estudiantes como consumidores hipervulnerables, una categoría reconocida por la normativa de defensa del consumidor debido a las mayores dificultades que determinados sectores pueden enfrentar para ejercer sus derechos.
La propuesta contempla la creación de un dispositivo de acompañamiento que intervenga desde el momento en que las familias comienzan a evaluar las condiciones de contratación hasta la finalización del servicio turístico.
Entre sus principales objetivos se encuentran la difusión de información sobre los derechos de los consumidores, la prevención de conflictos contractuales y la promoción de mecanismos que permitan resolver controversias entre los estudiantes y las empresas prestadoras.
La autoridad de aplicación sería la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que debería articular acciones con la Dirección General de Cultura y Educación y las Oficinas Municipales de Información al Consumidor.
El proyecto establece, además, que su implementación deberá realizarse mediante las estructuras administrativas existentes, sin crear organismos ni cargos adicionales. También habilita la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas vinculadas con la actividad turística y la protección de los consumidores.
En los fundamentos de la iniciativa, Archanco advierte sobre la necesidad de “profundizar las políticas de protección” de los estudiantes y sus familias frente a situaciones conflictivas derivadas de la contratación de servicios turísticos.
El legislador recuerda que los niños, niñas y adolescentes se encuentran comprendidos dentro de los grupos de consumidores hipervulnerables debido a las dificultades adicionales que pueden enfrentar para ejercer sus derechos.
También cuestiona las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en materia de regulación de las relaciones de consumo. Según señala, la administración nacional derogó más de 60 resoluciones y disposiciones relacionadas con la protección de los consumidores, incluida la disposición 6 de 2006, que había establecido un programa de asistencia para contratantes de turismo estudiantil.