Pedradas y robos en rutas: proponen identificar los tramos más peligrosos

Los reiterados episodios de robos, pedradas contra vehículos en movimiento y ataques en sectores de rutas provinciales motivaron la presentación de un proyecto de ley que busca establecer nuevas obligaciones de seguridad para el Estado bonaerense y las empresas responsables de la construcción, mantenimiento y explotación de corredores viales.

La iniciativa fue presentada por la diputada de la UCR María Alejandra Lordén, y propone modificar la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad para incorporar mecanismos de prevención específicos en aquellos tramos donde existen antecedentes de hechos delictivos.

El proyecto parte de considerar que la legislación actual no establece obligaciones suficientemente precisas para prevenir ataques contra automovilistas en zonas de obras, accesos irregulares a las calzadas o sectores donde se registran incidentes recurrentes.

Entre sus principales propuestas aparece la creación de un Mapa de Tramos Críticos, que deberá elaborarse de manera conjunta entre la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Seguridad y las empresas concesionarias.

El registro deberá actualizarse periódicamente y contar con información pública que permita identificar tanto los sectores de riesgo permanente como aquellos que presentan peligros temporales debido a intervenciones sobre la infraestructura vial.

Ataques desde puentes y accesos sin protección

En declaraciones a Radio Continental, la diputada Alejandra Lordén explicó que la propuesta surgió frente a distintos episodios de inseguridad registrados en las rutas bonaerenses, donde los usuarios pueden quedar expuestos a robos o ataques en sectores sin protección adecuada.

La legisladora mencionó particularmente los problemas asociados con accesos irregulares a las calzadas y espacios que permanecen abiertos durante la ejecución de obras. El proyecto apunta a prevenir “los robos y los accesos irregulares a la calzada que muchas veces quedan cuando inician una obra”, explicó.

Lordén también hizo referencia a los ataques mediante piedras arrojadas contra vehículos, una modalidad que puede provocar accidentes de extrema gravedad, especialmente cuando los automovilistas circulan a velocidades elevadas.

Entre los lugares mencionados como ejemplos de sectores problemáticos aparecen distintos puntos de la autopista Buenos Aires-La Plata, particularmente en las zonas de Avellaneda, Quilmes y los accesos próximos a las calles 74 y 520 de La Plata. “Pedimos también en un artículo que haya un mapa de zona crítica que se publique en el Boletín Oficial”, señaló la legisladora.

La propuesta contempla que el registro diferencie los riesgos permanentes de aquellos que surgen temporalmente por obras, de manera que las obligaciones de prevención se adapten a las características de cada tramo.

Cámaras, barreras y responsabilidades

El texto establece que en los sectores considerados críticos deberán implementarse medidas de protección que pueden incluir mallas, vallas, cámaras de vigilancia y dispositivos destinados a impedir accesos irregulares.

También propone evitar que durante la ejecución de obras permanezcan sectores desprotegidos que faciliten el ingreso de personas a las calzadas o generen oportunidades para cometer delitos. “Queremos que haya obras en las rutas”, aclaró Lordén, aunque estableció una condición: “Lo que no queremos es que una obra se convierta en una oportunidad para el delito”.

La diputada sostuvo que las empresas contratistas y concesionarias deben asumir responsabilidades concretas sobre la seguridad durante los trabajos, sin trasladar esos costos directamente a los usuarios. “La obligación la tiene más que nada el contratista o el concesionario que hace la obra, no el usuario ni el que paga el viaje”, afirmó.

De acuerdo con la propuesta, las intervenciones necesarias en zonas de riesgo permanente podrán requerir financiamiento público, mientras que las medidas de seguridad vinculadas con obras deberán ser incorporadas a las obligaciones de quienes las ejecutan.

Multas que quedaron desactualizadas

Otro de los aspectos del proyecto es la actualización del régimen sancionatorio previsto en la legislación vial. Lordén explicó que algunas multas establecidas décadas atrás quedaron completamente desactualizadas y perdieron su capacidad para desalentar incumplimientos.

Según el relevamiento citado por la legisladora, una sanción prevista en la normativa de 1977 equivaldría actualmente a menos de un centavo, como consecuencia de la pérdida de valor monetario y la falta de mecanismos de actualización.

Para corregir esa situación, el proyecto propone establecer multas expresadas en unidades fijas, de manera que sus valores puedan ajustarse automáticamente y conservar una capacidad sancionatoria efectiva. La intención es que el incumplimiento de las medidas de seguridad tenga consecuencias económicas concretas para los responsables de las obras o de la administración de los corredores.

Buscan aprobarlo antes de fin de año

La legisladora reconoció que el proyecto fue presentado recientemente y que su tratamiento deberá desarrollarse en un período legislativo marcado por la discusión del Presupuesto provincial. Aun así, sostuvo que los diputados impulsores buscarán construir los acuerdos necesarios para que la iniciativa pueda avanzar durante el presente año.

“Como todo proyecto hay que trabajarlo”, señaló, aunque manifestó su intención de “encontrar consenso para poder tratarlo este año”.