El creciente endeudamiento de los hogares bonaerenses y el costo de los créditos destinados a trabajadores públicos ingresaron nuevamente en la agenda legislativa provincial. El diputado Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica, presentó un proyecto de ley que busca establecer límites a las tasas de interés aplicadas por mutuales, cooperativas y otras entidades que otorgan préstamos cuyo cobro se realiza mediante descuentos directos sobre los haberes de empleados estatales.
La iniciativa propone que el Costo Financiero Total (CFT) de estas operaciones no pueda superar en más de cinco puntos porcentuales al aplicado por el Banco Provincia en sus créditos personales. También establece restricciones para impedir que las entidades incorporen cargos adicionales, seguros o cuotas sociales con el objetivo de eludir el límite previsto. El proyecto apunta a regular un sistema en el que las entidades acreedoras cuentan con una ventaja significativa: el cobro de las cuotas se encuentra asociado directamente al salario del trabajador, lo que reduce el riesgo de incumplimiento y asegura una mayor previsibilidad en la recuperación del dinero prestado.
Para De Leo, esa condición debería traducirse en costos financieros más bajos y no en la aplicación de intereses que agraven la situación económica de quienes recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos. “El Estado provincial no puede convalidar tasas usurarias sobre familias que les cuesta llegar a fin de mes y se ven obligadas a endeudarse”, sostuvo el legislador.
La propuesta no modifica el porcentaje máximo del salario que puede quedar comprometido por este tipo de préstamos, actualmente establecido en el 30% de los haberes, sino que concentra la regulación en el costo que las entidades cobran por el financiamiento.
Esta distinción resulta importante porque un trabajador puede respetar el límite permitido de descuento salarial y, sin embargo, enfrentar condiciones crediticias desfavorables si las tasas, comisiones y otros cargos elevan excesivamente el monto final que debe devolver.
El Costo Financiero Total incorpora no solamente los intereses, sino también otros conceptos asociados con la operación, por lo que constituye un indicador más amplio del costo real de un préstamo. “Quien accede a una habilitación que reduce su riesgo de cobro debe aceptar, a cambio, condiciones de costo acordes con esta ventaja”, argumentó De Leo.
El proyecto contempla sanciones para las entidades que incumplan los límites establecidos o incorporen mecanismos de cobro destinados a encubrir costos adicionales.
La presentación legislativa se produce después de que un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense expusiera la magnitud del endeudamiento familiar. Según el relevamiento citado, el 56,6% de los hogares consultados recurrió a préstamos durante el último año para afrontar gastos cotidianos, mientras que el 73,5% de quienes solicitaron financiamiento todavía mantiene deudas pendientes.
Los datos reflejan una situación en la que el crédito deja de utilizarse exclusivamente para financiar consumos extraordinarios y comienza a convertirse en una herramienta para sostener gastos habituales. En ese contexto, las tasas de interés adquieren una relevancia particular, porque pueden transformar necesidades económicas inmediatas en compromisos financieros que se prolongan durante meses o años.
El problema resulta especialmente sensible para los trabajadores que reciben descuentos automáticos sobre sus salarios, ya que las cuotas reducen directamente el dinero disponible para afrontar alimentos, servicios, alquileres y otras obligaciones.